La caída este miércoles del decreto ómnibus que presentó el Gobierno en el Congreso de los Diputados ha traído consigo que se ponga fin a medidas como las ayudas al transporte, a las personas afectadas por la DANA o la revalorización de las pensiones.
Mucho se ha hablado de estas tres cuestiones, pero no son las únicas a las que se ha puesto fin con la caída del decreto.
Otra de las medidas más importantes que se queda ahora sin validez es la prórroga que impedía los desahucios a las personas vulnerables, una cuestión que ha estado en vigor desde 2020 y que según aprobó el Consejo de Ministros debía estar vigente hasta el próximo 31 de diciembre.
La norma incluía limitaciones a la hora de realizar lanzamientos y desahucios a personas consideradas vulnerables, una categoría que se determina a partir del IPREM y que ha provocado que haya procedimientos suspendidos desde el año 2020.
Es por esto, que los propietarios afectados por okupas o inquiokupas pueden volver a comenzar el proceso y redactar y presentar los escritos para que se lleven a cabo estos lanzamientos y desahucios, que en algunos casos se ha dilatado hasta un año.
Aunque lo que más preocupa ahora es la incertidumbre ante cómo va a evolucionar esta situación, ya que el Gobierno podría proponer alguna nueva ley o aprobar un nuevo Decreto-Ley que permita que esta cuestión siga adelante.
También queda sin efecto la medida que tipificaba el corte de suministros, como el agua o la luz, a personas vulnerables como un delito.
