El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este domingo la apertura de un control interno en el CNI, a petición de este mismo organismo, para analizar el presunto espionaje a dirigentes independentistas. Asimismo, ha anunciado que activará "de manera inmediata" la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, en la que comparecerá la directora del CNI para exponer información, documentación y las conclusiones de ese control interno.
¿Qué es la Comisión de Secretos Oficiales?
Denominada oficialmente Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, es una comisión parlamentaria del Congreso a través de la cual el Poder Legislativo puede acceder a la información sobre el gasto clasificado, los secretos oficiales y controlar la actividad del CNI. Cabe destacar que las discusiones y las deliberaciones que se realicen en ella son completamente secretas.
¿Cuándo se creó y de qué se encarga?
La Comisión de Secretos Oficiales se creó en 1995 mediante la Ley 11/1995 que regula el uso y control de los créditos destinados a gastos reservados con el objetivo de controlar los gastos gubernamentales que en los Presupuestos Generales del Estado se clasifiquen como "fondos reservados". Sin embargo, la Ley 11/2002, reguladora del CNI, amplió su ámbito de trabajo a toda la información clasificada de la que tuviesen conocimiento los servicios de inteligencia españoles.
Ante esa comisión, que también tiene encargada la tarea de vigilar las actividades del CNI, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados (Defensa, Interior y Exteriores) deben informar "semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios", en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión "podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas".
La consecuencia del veto cruzado: tres años sin controlar al CNI
De acuerdo con la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales, de la comisión solo pueden formar parte un diputado por cada grupo parlamentario del Congreso. Además, para la elección del diputado se requiere de una mayoría de tres quintos, es decir, 210 diputados a favor de la elección.
Y aquí es donde radica el problema. El ministro Bolaños ha ofrecido a los partidos independentistas ERC y Junts entrar en la Comisión de Secretos Oficiales para que el CNI esclarezca el presunto espionaje de Pegasus. Sin embargo, el Gobierno no tiene esa mayoría necesaria para permitirlo.
Llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político no parece propicio. Por ejemplo, para que ERC, Junts, EH Bildu o la CUP estén representados en la Comisión, es necesario que los diputados de PP, Vox y Ciudadanos (juntos suman 150) voten a favor. Si todos se niegan, nadie puede lograr ese mínimo de 210. Del mismo modo, que para que PP, Vox y Ciudadanos lleguen a los votos requeridos, necesitan la ayuda de PSOE y Unidas Podemos, poco partidarios de facilitar las cosas a los de Santiago Abascal.
Por tanto, un veto cruzado cuya principal consecuencia es que este 3 de marzo se han cumplido tres años de la última reunión de la Comisión de Secretos Oficiales, hace ya dos legislaturas. Es la única que falta por crearse en el Congreso. Esto significa que el Congreso no ha ejercido control parlamentario alguno de las actividades del CNI ni ha recibido ninguno de los informes semestrales sobre el uso de los fondos reservados que debían exponer los ministros competentes.
Cuestiones pendientes que el Gobierno no aclara por ser "secretas"
Se acumulan cuestiones que la oposición exige aclarar y que el Gobierno dice no poder hacerlo por ser materias secretas, como podría suceder ahora con el caso del espionaje.
En esta lista de tareas pendientes están los viajes en Falcon del presidente del Gobierno, el supuesto uso de fondos públicos para operaciones policiales como la Kitchen, la vigilancia del imán de los atentados de Barcelona, o más recientemente la concesión de polémicas ayudas públicas como la recibida por Plus Ultra.
