El Congreso de los Diputados instó a legislar para mejorar la jubilación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en comparación con cuerpos autonómicos y locales, pero rechazó la propuesta del PP de alcanzar una equiparación salarial "real" mediante una ley de retribuciones específica.
¿Por qué se ha rechazado la equiparación salarial?
Lo que se rechazó son los otros tres puntos de la moción, en los que el PSOE y sus aliados han unido fuerzas para superar en sendas votaciones ajustadas a la suma de PP, Vox y otras formaciones como UPN y Coalición Canaria.
De esta forma, el PP no ha contado con los apoyos suficientes para el punto primero de su iniciativa, que apostaba por "encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las Policías Autonómicas".
El PP se remitía al Acuerdo de Equiparación firmado en 2018, antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. El actual Ejecutivo aprobó las partidas presupuestarias con 807 millones repartidos en tres años, lo que según el PSOE ya ha supuesto una subida del 38% para policías y guardias civiles.
El segundo punto de la iniciativa, también rechazado, mencionaba precisamente el compromiso de "ejecutar la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación de 2018, para permitir el regreso a la vida activa de los policías y guardias civiles que se encuentran en situación administrativa de segunda actividad o de reserva, reconociéndoles el derecho a la equiparación".
La iniciativa del PP incluía un tercer punto, que no ha contado con el respaldo de la Cámara, relativo a "elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación con el resto de Policías del territorio español".
Sumar y otros partidos nacionalistas han advertido en diferentes debates parlamentarios, incluido el de este martes en el Congreso, que esta ley de retribuciones es inviable porque el Estado no cuenta con capacidad para legislar sobre las retribuciones de policías autonómicas o locales.
