La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que su partido ha pasado "una pelota de gol" al Govern con la cesión de las competencias en inmigración pactadas con el PSOE para abstenerse: "Se ha pasado una pelota de gol a la Generalitat y nosotros esperamos que la Generalitat marque ese gol", ha dicho en una entrevista en Rac1.
Ha explicado que la cesión en las competencias de inmigración se hará mediante "una ley orgánica a partir del artículo 150.2 y se hará delegando las competencias plenas": "Nuestro país está preparado para asumir un tema en el que el Gobierno español no ha estado a la altura", ha sostenido Nogueras.
En este sentido, ha reivindicado que "toca que se empiecen a defender los intereses de Cataluña y se empiecen a aparcar un poco los intereses de partidos", y ha recordado que el Parlament ya marcó las competencias en inmigración como una prioridad, en sus palabras, en el Debate de Política General (DPG) que se celebró en septiembre.
Bolaños no aclara si Cataluña controlará su frontera y si expulsará a inmigrantes irregulares
Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado que el acuerdo con Junts incluye todas las atribuciones en esta materia que a día de hoy están en manos del Estado y ha explicado que se desarrollará a través de una ley orgánica.
"Si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración", ha indicado en declaraciones a TVE y Telecinco.
No obstante, el ministro no ha especificado si este acuerdo implicará conceder a Cataluña el control de sus fronteras o le permitirá expulsar a los extranjeros que estén en situación irregular: "El acuerdo estrictamente que hemos adoptado es aprobar una ley orgánica por la cual se delegarán las competencias. Iremos al parlamento y se verán cuáles son las competencias exactas, pero hay que esperar a que tengamos esa ley y ver el detalle".
Dudas sobre el encaje constitucional
La cesión de las competencias en inmigración a la Generalitat genera dudas sobre su encaje constitucional, ya que la carta magna establece que es "competencia exclusiva" del Estado, pero al mismo tiempo abre la puerta a delegar o transferir cuestiones en función de "su propia naturaleza".
Aunque Junts habla de gestión "integral" y Bolaños dice que se hará mediante "ley orgánica", los constitucionalistas tienen dudas. El artículo 149.1 de la carta magna fija la "competencia exclusiva" del Estado sobre inmigración; sin embargo el 150.2 señala que "el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles" de ello.
Y aquí surge el problema. Fuentes jurídicas consultadas por EFE discrepan de la constitucionalidad del acuerdo alcanzando entre PSOE y Junts aunque concuerdan en que el límite lo pone la carta magna cuando cita "por su propia naturaleza".
Unas fuentes consideran que es "inconstitucional" al tratarse de una materia que "no es susceptible de ser cedida, delegada o transferida" a una comunidad autónoma, puesto que es un asunto de primer orden para el Estado, dado que lleva consigo el control de las fronteras exteriores y eso lo gestiona la Policía Nacional.
Otras, en cambio, complican el escenario con dos variables. Explican que no es lo mismo delegar -que implica que el Estado mantiene la competencia y titularidad pero la gestión y el día a día lo hace la comunidad autónoma, algo que el Estado siempre podría recuperar-, que transferir, que es para siempre y lleva consigo una responsabilidad completa.
Y a ello hay que añadir que la Constitución no hace un listado de las materias que por su propia naturaleza, como dice el articulado, se pueden delegar o transferir. No lo desarrolla y todo queda en manos del legislador y, en última instancia, del Tribunal Constitucional en caso de que se recurra la futura ley orgánica o los decretos, algo que el PP ya ha avanzado que está estudiando.
Los interrogantes que plantea la cesión de competencias
Por el momento se desconoce si esta cesión de la gestión migratoria será en bloque o por áreas, lo que hace que surjan "muchísimos" interrogantes, según explica a EFE el abogado extranjerista Felipe Garoña.
Las competencias en Extranjería están repartidas entre los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -gestiona el grueso de esta materia-, de Interior -control migratorio- y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación -la expedición de visados-. Además, Juventud e Infancia coordina a las comunidades responsables de los menores extranjeros no acompañados.
Según el letrado, podría cederse por partes la gestión "sin problemas". Actualmente, la Generalitat de Cataluña tramita y gestiona los permisos de trabajo que afectan al ámbito de migratorio, por ejemplo, la autorización inicial de trabajo por cuenta ajena, que conlleva también el permiso de residencia.
Sin embargo, cree que todo lo relacionado con la expedición de visados "sería intocable". "No creo que vayan a poner consulados especiales de Cataluña o secciones de Cataluña para emitir los visados de las personas que hayan decidido ir a residir a esa comunidad. Esto se convierte casi en ciencia ficción", opina.
En cuanto al control de fronteras, Garoña subraya que, pese a estar en el espacio Schengen, Cataluña tiene fronteras internacionales y se plantea, por tanto, qué cuerpo policial será el encargado de ese control, la Policía Nacional o los Mossos.
Tampoco tiene claro si la gestión del asilo -la Oficina de Asilo y Refugio depende de Interior- se delegará en la Generaliat o, como es una cuestión de protección internacional, consideran que "no va en el paquete".
"¿Va a haber una tarjeta de residencia especial para Cataluña? Porque la tarjeta de identidad de extranjero (TIE) es general para toda España. ¿Qué va a ocurrir? ¿Los Mossos o el organismo que corresponda en Cataluña va a poder expedir tarjetas de identidad de extranjero?", cuestiona el abogado.
Ahora mismo los extranjeristas están "algo perplejos" con este acuerdo. "Nos descuadra que en una materia como migraciones, que conlleva tanto control y tanto celo del Estado y que está tan arraigada en la soberanía del Estado, se pase a una administración regional por mucha autonomía que pueda tener", asevera.
Junts endurece el discurso migratorio
La reclamación al Gobierno de que traspase las competencias de inmigración a Cataluña es una reivindicación que lleva tiempo reclamándose desde la formación independentista. De hecho, el propio Puigdemont y Nogueras lo han pedido en varias ocasiones.
Desde ERC han admitido preocupación por los mensajes racistas en redes sociales y han pedido a Junts que sea "cuidadoso" en su argumento sobre la migración, para "no abonar discursos de odio de la ultraderecha".
Hace unas semanas, unas declaraciones del alcalde de Calella (Barcelona), Marc Buch, relacionando migración con delincuencia a raíz de la inseguridad que vive el municipio fueron apoyadas por otros nueve alcaldes de la comarca del Maresme y avaladas por Jordi Turull, secretario general del partido. "Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestro país", fue lo que dijo Buch, que llamó a expulsar inmediatamente a los delincuentes reincidentes que estén en situación irregular.
Este endurecimiento del discurso migratorio sería una forma de presionar al Govern de la Generalitat, de ERC, que ya ha mostrado su preocupación por las declaraciones de los miembros del partido independentista.
Medida política de presión
¿Qué competencias tienen actualmente las comunidades autónomas respecto a la inmigración? Hay algunas como la asistencia social de las que ya disfrutan ayuntamientos y gobiernos autonómicos, mientras que otras -control de fronteras, permisos de residencia o solicitud de asilo- son del Estado.
En ese caso, ¿qué podrían hacer las comunidades autónomas con estas competencias? Por ejemplo, participar en la definición de los cupos. Actualmente, si una zona de España está sobresaturada de inmigrantes, Interior los distribuye por el resto de la península conforme a un criterio de convivencia, seguridad y capacidad. Aquí Cataluña podría participar, lo que podría agravar a otras comunidades.
También podría participar en la gestión directa de los Centro de internamiento de extranjeros (CIE) o establecer los criterios para expulsar o no a los inmigrantes.
Durante la tertulia de 'Más de uno', los colaboradores han explicado que una cesión de competencias únicamente se puede negociar con la Administración que va a gestionar esa competencia y en este caso no ha sido con ERC con quien se ha negociado, sino con Junts, que no es el partido que gobierna la Generalitat. Por lo que, uno de los argumentos que mayor peso tiene para explicar lo que podría estar detrás de esta decisión sería el hecho de entregarle a Junts una especie de "mensaje político" que le permitiría competir con la Aliança Catalana de Sílvia Orriols, que está bastante bien posicionada de cara a las próximas elecciones autonómicas en parte por su discurso sobre la inmigración.
"Junts en las generales sacó un resultado paupérrimo y en las anteriores catalanas también. Esto es un dique de contención para que no se produzca esa fuga de votos, que se va a producir igualmente", opinan los tertulianos.
