El acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez prevé la creación de comisiones de investigación parlamentarias para determinar los casos en los que se ha podido instrumentalizar la justicia para hacer una persecución política, es decir, el "lawfare".
Se trata un término formado por law (‘ley’) y warfare (‘guerra’) que, según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, designa "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo". En el ámbito de la política, designa "el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político".
¿Qué es el 'lawfare'?
El "lawfare" se ha introducido en el léxico político como el término con el que partidos y colectivos sociales pretenden denunciar los intentos de desprestigiarlos a través del sistema judicial.Unidas Podemos, los Comunes, Compromís o los partidos independentistas de Cataluña son algunos de los que se han proclamado víctimas de procesos judiciales propiciados por el "lawfare" en los últimos años.
Principalmente, se trata de causas abiertas a raíz de denuncias o querellas infundadas a las que los tribunales dan recorrido judicial, con la consecuente pena de banquillo, pero también de investigaciones basadas en indicios obtenidos de forma irregular, a menudo con complicidades en los medios policiales.
Precedentes de 'lawfare'
En España el independentismo ha denunciado haber sido víctima del "lawfare", empezando por el "caso procés", en el que acusan al Supremo de haber asumido irregularmente la competencia para juzgar una causa y de nutrirla con atestados de la Guardia Civil que consideran que se confeccionaron con la intención de hacer encajar el 1-0 en los delitos de rebelión o de sedición.
No es unánime la opinión de los independentistas en otras causas que Junts sigue considerando "lawfare", desde el "caso Pujol" -que ven orquestado por oscuras maniobras de la policía patriótica- al de las adjudicaciones a dedo de la expresidenta del Parlament Laura Borràs -que aduce fue condenada por su ideología- o el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que se atribuye a Gonzalo Boye, quien mantiene que se le persigue por ser abogado de Carles Puigdemont.
La última supuesta maniobra de "lawfare" denunciada por el independentismo data de apenas cuatro días, con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de investigar a Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira por un delito de terrorismo por las protestas de Tsunami Democràtic, en plena negociación de la ley de Amnistía.
También Unidas Podemos, los Comunes o Compromís dicen haberse visto perjudicados por la utilización de la justicia con fines políticos en múltiples asuntos que acabaron archivados, especialmente el "caso Dina" que puso en el punto de mira al exvicepresidente Pablo Iglesias o el "caso Neurona" en que se investigó al confundador del partido Juan Carlos Monedero.
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, por su parte, concurrió a las últimas elecciones municipales con cuatro causas abiertas a raíz de querellas presentadas por sectores contrarios a sus políticas de movilidad o vivienda, tres de ellas abiertas en contra de la opinión de la Fiscalía.
En Valencia, acabó con la carrera política de la líder de Compromís Mónica Oltra una investigación judicial en la que se la acusa de maniobrar para beneficiar a su marido -imputado en un caso de abuso sexual-, una causa que su partido enmarca en una "cacería" política impulsada por Vox, que ejerce la acusación.
