El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias se ha posicionado en el centro de la diana mediática tras conocerse la denuncia que interpuso el pasado 16 de abril contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, a la que acusa de sendos delitos de tráficos de influencias y de corrupción.
Esta organización sindical se constituyó en el año 1995, con el objetivo de representar a los trabajadores de la función pública: sin embargo, esta asociación ha ganado relevancia por su intensa actividad judicial más que por sus acciones sindicales: la asociación no cuenta con representación en ningún centro de trabajo, si bien se estima que en todo el país la asociación cuenta con cerca de 6.000 afiliados.
El colectivo se ha personado como acusación en diversos casos, generando algunas polémicas a lo largo de sus tres décadas de funcionamiento: Manos Limpias tuvo una gran presencia en los juicios celebrados tras el 11-M, y presentó denuncias - sin éxito- contra la fiscal Olga Sánchez, y los jueces Juan del Olmo y Baltasar Garzón.
Manos También se personó en el caso de los ERE de Andalucía, en el Caso Nóos - que implicaba a la Infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín- y en el rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Miguel Bernad, fundador del sindicato
Esta asociación fue fundada por el abogado Miguel Bernad, que se presentó a las elecciones europeas en 1987 y 1989 al frente del partido político de ultraderecha Frente Nacional, que se disolvió en 1993.
En 2016, Bernad fue detenido por la policía nacional a petición de la Audiencia Nacional, y fue condenado a prisión sin fianza por presuntos delitos de extorsión, organización criminal, fraude contra la hacienda pública, falsedad documental y fraude en subvenciones.
La Audiencia Nacional acusaba a Bernad de interponer denuncias antes diferentes empresas y bancos, para posteriormente retirarlas a cambio de cantidades de dinero. Por estos hechos, Bernad fue acusado a cuatro años de prisión.
Sin embargo, el abogado pasó en la cárcel menos del año, y salió del centro penitenciario de Navalcarnero en diciembre de 2016 tras abonar una fianza pactada de 50.000 euros.
