El Tribunal Supremo (TS) rechazó este martes aplicar la Ley de Amnistía a algunos de los líderes del procés. Así lo hicieron tanto el juez Llarena como la Sala de lo Penal, que se niegan a perdonar el delito de malversación atribuido Carles Puigdemont dejando activa su orden nacional de detención.
Esta decisión también afecta a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, en una situación similar a la del expresident; y a los antiguos miembros del Govern Oriol Junqueras, Raul Romeva,Jordi Turull y Dolorss Bassa, condenados a penas de inhabilitación.
Mantienen que los líderes independentistas desviaron fondos públicos en beneficio propio, ya que "endosaron" los gastos del referéndum del 1-O a la administración. Es decir, emplearon dinero de todos los ciudadanos al servicio de "sus fines, que eran también particulares".
Dispusieron de "fondos públicos de la Generalitat" para sufragar su proyecto independentista en lugar de pagarlo de su bolsillo, cargando así al dinero de los "contribuyentes el coste de unas iniciativas o apetencias personales que ellos mismos dirigían y desplegaron, siendo irrelevante que fueran compartidas por otros ciudadanos", según explica Llarena.
El momento de los recursos
Es ahora el momento de recurrir las decisiones del Tribunal Supremo, aunque es previsible que si acuden al alto tribunal éste mantenga las decisiones acordadas. A pesar de todo, debe agotarse esta vía previo paso al Tribunal Constitucional.
Contra el fallo de Llarena se puede interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días que resolverá una sala compuesta por distintos magistrados entre los que está Susana Polo, que instruye la causa de Tsunami por un delito de terrorismo contra Puigdemont.
Contra el caso de la Sala de lo Penal se puede presentar un recurso de súplica, que será resuelto por la propia Sala y que rara vez sale adelante.
El siguiente paso de los independentistas sería el de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando la vulneración de sus derechos fundamentales y que sería el paso previo para recurrir a Europa en caso de que el TC tampoco les diera la razón.
La última vía sería recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vía que los condenados por procés ya utilizaron en el pasado.
