“Necesito parar y reflexionar”. Estas han sido las palabras con las que Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno, ha anunciado que cancela su agenda y que se tomará un descanso hasta el próximo lunes 29 de abril. Durante este tiempo, el líder del PSOE reconoce que pensará si dimite de su cargo a raíz de la polémica en torno a la reciente apertura de diligencias contra su mujer Begoña Gómez.
Ante este escenario, la pregunta se antoja necesaria: ¿Qué pasaría si Pedro Sánchez renuncia a la presidencia del Gobierno? ¿Habría nuevas elecciones generales?
Por poner en contexto: cabe resaltar, antes de nada, que la estructura política de España está diseñada para mantener la continuidad del Gobierno incluso en casos inesperados, como la dimisión del presidente del Gobierno. Según la legislación española, específicamente lo que estipula la Constitución, hay un proceso claro que se seguiría en caso de que el actual presidente decida dimitir.
Proceso constitucional ante la dimisión del presidente
La Constitución Española, en su artículo 101, es clara al respecto: "El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente". Esto implica que, ante la dimisión del presidente, todo el Gobierno estaría obligado a cesar, pero ¿cómo se gestiona la transición hasta la designación de un nuevo presidente?
El rol del Rey en la designación de un nuevo presidente
El Rey de España, Felipe VI, juega un papel fundamental en este proceso. Según la misma Constitución, el Rey, tras consultar a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y mediante el presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. En este caso podría ser la actual vicepresidenta primera del Gobierno, que es María Jesús Montero, también ministra de Hacienda
Sea como fuere, el candidato debería contar con el apoyo de la cámara baja, para ser investido.
Gobierno en funciones
Mientras se lleva a cabo el proceso de designación e investidura del nuevo presidente, el Gobierno actual continuaría en funciones. Esto significa que el Gobierno seguiría desempeñando sus tareas habituales, pero con ciertas limitaciones en sus capacidades. Por ejemplo, un Gobierno en funciones no puede aprobar proyectos de ley nuevos ni realizar propuestas legislativas.
Su principal objetivo durante este periodo es asegurar la administración ordinaria del Estado y la gestión de los asuntos públicos, evitando tomar decisiones de calado que deberían ser responsabilidad del próximo Gobierno plenamente constituido. Es decir, que de facto, Montero asumiría la presidencia.
El papel del Congreso de los Diputados
Es crucial el papel del Congreso en este proceso. El candidato propuesto por el Rey debe someterse a una sesión de investidura ante el pleno del Congreso. Para ser investido, necesita obtener la mayoría absoluta de los votos en la primera votación o una mayoría simple en una segunda votación que se celebraría 48 horas después de la primera. Si el candidato no logra ser investido, se inicia un plazo de dos meses durante los cuales se pueden proponer nuevos candidatos. Si tras estos dos meses ningún candidato ha sido investido, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones generales.
