El Tribunal Supremo acordó este miércoles abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Una decisión inédita ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.
Mientras el Gobierno ha cerrado filas en torno al fiscal, desde el PP piden no sólo su dimisión, sino también la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por su parte, fuentes del Consejo de Ministros han considerado que el asunto no prosperará porque la posibilidad de conocer al autor de la filtración es "muy limitada".
La imputación de García Ortiz llega en un momento en el que el papel del fiscal general está siendo duramente cuestionado debido a una posible falta de independencia, según las críticas de la oposición. Sin embargo, estas acusaciones no son nuevas, ya que se vienen sucediendo desde que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, fuera nombrada para el mismo cargo en febrero de 2020. Delgado renunció en julio de 2022 pasando el testigo a García Ortiz, quien tomó posesión en agosto del mismo año.
Quién elige al fiscal general del Estado
Pero, ¿quién se encarga de elegir al fiscal general del Estado? Según la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su Título III, Capítulo Primero (Art.29), "el Fiscal General del Estado será nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión".
Según la norma, "el mandato del Fiscal General tiene una duración de cuatro años y sólo puede ser cesado por causas contempladas en la Ley, que serán apreciadas, en su caso, por el Consejo de Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que le haya propuesto".
Tal y como publica el Ministerio de la Presidencia en su página web, el "Fiscal General actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. En todo caso, el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. El Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de la actuación interesada. Los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas pueden dirigirse en similares términos al Ministerio Fiscal a través del Fiscal Superior de cada Comunidad".
Todo sobre la imputación de García Ortiz
La decisión del alto tribunal es el último capítulo de una historia que comenzó el pasado mes de enero con otro protagonista: Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitió un fraude a Hacienda para evitar ir a juicio.
Investigación y propuesta de pacto al fiscal
Fue el pasado 23 de enero. La Fiscalía de Madrid abrió diligencias para investigar una denuncia de la Agencia Tributaria que apuntaba a un presunto fraude fiscal y falsedad documental de Alberto González Amador y otros empresarios.
Diez días después, el abogado de González Amador ofreció, mediante un correo electrónico enviado a la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía, un pacto con el fiscal por el que reconocía los delitos a cambio de una eventual rebaja en la petición de condena, algo habitual en este tipo de causas.
En dicha comunicación, su abogado indicaba que el empresario "acepta íntegramente" la comisión de dos delitos relativos a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros para evitar ir a juicio.
Tras un cruce de correos entre el fiscal y el abogado, el primero interpuso una denuncia ante los juzgados contra González Amador y otros cuatro empresarios el 13 de febrero.
La difusión de informaciones y una nota con "aclaraciones"
Desde el 12 de febrero, según hacía constar la Fiscalía en su informe oponiéndose a la apertura de una causa contra García Ortiz, diversos medios de comunicación se fueron haciendo eco de la investigación por presunto fraude fiscal a González Amador.
Alguna de las informaciones apuntó a que la Fiscalía había sido la que había propuesto al empresario un pacto de conformidad.
El 14 de marzo, la Fiscalía de Madrid difundió a los medios un comunicado con "aclaraciones" sobre el caso "ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación", en el que, tras relatar la cronología de los hechos, indicaba que "el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado" de González Amador.
El Tribunal Superior de Justicia comienza a investigar
La difusión de dicho comunicado provocó que la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el Colegio de la Abogacía de Madrid denunciasen a la fiscal provincial y al fiscal del caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que terminó abriendo una causa.
Tras meses de pesquisas y de citar a declarar a los intervinientes, entre ellos varios fiscales, Álvaro García Ortiz asumió en un escrito la responsabilidad "última" de aquella nota de prensa.
Ese comunicado, dijo el fiscal general, no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones "expresas y directas", y lo que perseguía era "poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal" y cumplir con la obligación del ministerio público de ofrecer información veraz a la ciudadanía.
Este movimiento del fiscal general permitió al juez del caso elevarlo al Tribunal Supremo, dada su condición de aforado.
Primera causa penal a un fiscal general
El Tribunal Supremo ha acordado abrir una investigación penal a García Ortiz en un auto en el que aclara que, "aparentemente, no hay información indebidamente revelada" en dicho comunicado, como siempre ha defendido la Fiscalía.
Sin embargo, apunta a su vez a que el fiscal del caso declaró que, antes de aquella "controvertida" nota de prensa, los correos entre él y el letrado de González Amador "fueron revelados", y que estos estaban en poder del fiscal general y la fiscal jefa provincial.
Considera el alto tribunal que se deben investigar "extremos relevantes y necesarios" como la forma en que "tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa".
La teniente fiscal del Supremo defendió en su informe que el correo del letrado del empresario se envió a una "dirección genérica" a la que tienen acceso "más de doce fiscales y cuatro funcionarios", que no constituye material probatorio, y que hubo informaciones que citaban a "fuentes próximas a la defensa" como "origen de la información".
