El Tribunal Supremo ha citado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que declare como imputado el próximo 29 de enero en la causa donde se le investiga por la presunta filtración contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Este caso ha desencadenado diversas confrontaciones entre el Gobierno y la oposición, quien acusa a este de querer intervenir en el poder judicial. Según afirmaba esta mañana Díaz Ayuso, se ha hecho una "utilización de la Fiscalía, cuando debería estar para velar por la legalidad de los procesos judiciales". La mandataria autonómica ha asegurado que "se ha utilizado esta institución para dinamitar el Estado de derecho, vulnerar los derechos de un ciudadano y poner en peligro el Estado de derecho de todos los españoles".
Entre tanto, cabe recordar que la figura del fiscal general del Estado, de acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Justicia, debe actuar con imparcialidad y es independiente, por lo que no puede recibir órdenes ni instrucciones por parte del Gobierno ni ningún otro órgano administrativo o judicial.
Bajo su cargo, el fiscal general ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Su mandato tiene una duración de cuatro años y únicamente puede ser cesado por las siguientes causas, tasadas en la ley, que serán apreciadas por el Consejo de Ministros:
- A petición propia.
- Por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
- En caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo.
- Por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones.
- Cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.
Quién puede cesar al fiscal general del Estado
Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
En su nombramiento intervienen los tres poderes del Estado y su elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio que tengan más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.
La Fiscalía General del Estado es independiente
Recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ojos de la oposición, ha actuado como si la Fiscalía fuera de su competencia. Esto le habría llevado supuestamente a tener un trato imparcial con el fiscal general del Estado, motivo por el que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, considera que Sánchez no quiere solicitar su cese; ya que, según este, "probablemente" hizo todo lo que le ordenó el jefe del Ejecutivo.
Unas declaraciones que han tenido lugar en el desayuno que ha organizado este martes en Madrid y en las que también ha acusado al presidente del Gobierno de ordenar a García Ortiz de "usar la Fiscalía para combatir a una presidenta autonómica", en referencia a Isabel Díaz Ayuso.
En este mismo contexto, Feijóo ha declarado que a él no le habría durado "ni un minuto" un fiscal general imputado. Estas palabras han sido cuestionadas esta mañana por Carlos Alsina en su intervención en 'Espejo Público', donde ha insistido en que "el Gobierno no puede relevar o cesar a un fiscal general del Estado porque no es de su propiedad, ni de Sánchez ni de Feijóo".
El Gobierno no puede relevar o cesar a un fiscal general del Estado porque no es de su propiedad
Alsina ha sentenciado que "lo que tienen que hacer los presidentes del Gobierno -el que hay ahora y el que venga- es asumir que la Fiscalía General del Estado no es de su competencia, ni para mantener ni para cesar".
