Ministro de Justicia

Rafael Catalá cree que ni el Gobierno ni Trillo deben pedir perdón por el Yak-42

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este lunes que ni el Gobierno ni el exministro de Defensa, Federico Trillo, deben pedir perdón por el accidente del Yak-42 ya que no se ha acreditado su responsabilidad en el mismo.

ondacero.es

Madrid |

Rafael Catalá | EFE

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar una jornada sobre responsabilidad penal de las empresas, Catalá se ha pronunciado así después de que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta regional, Esperanza Aguirre, dijese que el Gobierno, el PP y "todos" deben disculparse por la gestión del accidente del Yak-42 en 2003.

No ha coincidido con Aguirre el titular de Justicia que cree que "ni el Gobierno ni el PP han eludido nunca responsabilidades" y que la causa del accidente no derivó de una mala gestión.

Si hubiese sido así, ha proseguido, "por supuesto que habría que asumir esas responsabilidades".

A juicio del ministro, pedir perdón está relacionado con la asunción de responsabilidades y "judicialmente no se ha acreditado la responsabilidad por parte del Gobierno ni del ministro" en el accidente.

No obstante, ha añadido que el Gobierno debe acompañar y profesar la "máxima cercanía y el afecto" hacia las 62 familias que perdieron a un ser querido en el accidente.

Y ha añadido que si algo ha caracterizado a este gobierno es la atención a las víctimas de todo tipo que se ha traducido en la aprobación del Estatuto de las Víctimas.

El exministro de Defensa en el momento del accidente y actual embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, anunció la semana pasada que su intención es volver a su puesto de letrado del Consejo de Estado, órgano que dictaminó que el Ministerio de Defensa tuvo responsabilidad en el accidente.

Por su parte, el Gobierno comunicó que relevará a Trillo de su puesto como embajador en el marco de una remodelación que afectará a un total de 72 embajadores aunque desvinculó esta medida del dictamen del Consejo de Estado que llevó a la oposición a pedir su dimisión.