Catalá, tras un mandato exprés de dos años (uno de ellos en funciones), tendrá una nueva oportunidad de desarrollar su hoja de ruta, toda vez que él siempre lamentó no disponer de más tiempo para hacer reformas de calado para transformar la Justicia.
Su nombramiento el 24 de septiembre de 2014 tras la dimisión de Gallardón cogió a muchos por sorpresa. Fue una apuesta de Mariano Rajoy, con quien trabajó en la época en la que el actual presidente del Gobierno ocupó las carteras de Administraciones Públicas y Educación.
Catalá pasó rápidamente a formar parte del núcleo duro del presidente, convertido en uno de sus hombres de confianza en el Ejecutivo, y fue adquiriendo peso político. Ahora, Rajoy le reconoce manteniéndole al frente de Justicia con la ardua tarea de generar consensos en una legislatura que estará marcada por la negociación.
Su sintonía con el presidente siempre ha sido pública y notoria, todo lo contrario de lo que sucedió entre Rajoy y Gallardón, cuya relación fue enfriándose conforme avanzaba la legislatura, hasta que el presidente le desautorizó cuando
De esta forma, el nuevo ministro heredaba una de las sillas calientes del Ejecutivo por tres razones fundamentales: por la ruptura de relaciones entre la judicatura y su antecesor en el cargo, por el vasto número de reformas legislativas a medio terminar y por el desafío independentista catalán.
Lo primero fue lo más fácil de encauzar, puesto que desde el primer día Catalá trató de recuperar y mantener un diálogo con todos los sectores de la Justicia, algo que la mayor parte de los implicados reconoce, si bien sus propuestas no fueron siempre atendidas. "Al menos nos recibe y nos escucha", fue una de las frases más oídas en la judicatura.
Impulsó catorce reformas en el Parlamento, muchas de ellas descafeinadas en comparación con la envergadura de los proyectos de Gallardón, porque ni disponía del tiempo para emprender reformas de calado ni compartía la misma visión de la Justicia que su antecesor. Nada de normas nuevas, solo reformas parciales.
Como símbolo de los nuevos tiempos, lo primero que hizo fue suprimir las tasas que había impuesto Gallardón para las personas físicas, dando respuesta a un clamor en la judicatura. También modificó la reforma del aborto hasta dejarla casi en un "monoartículo", el referido a la prohibición de que las menores de 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno; dio carpetazo al nuevo Registro Civil y cambió la cara a los proyectos estrella del exministro.
En concreto, suavizó la reforma del Código Penal pese a incluir la polémica prisión permanente revisable -una medida que la oposición pretende tumbar de inmediato, puesto que la aritmética parlamentaria lo permite- y descartó en su mayoría el texto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero fue aquí donde luego le llovieron todas las críticas.
La norma cambió el nombre de imputado por investigado, pero sobre todo redujo los plazos de instrucción penal con una división de causas en sencillas y complejas, que puso en pie de guerra a la Fiscalía, ya que le forzaba a revisar 346.000 procedimientos penales en seis meses. Al final se consiguió, pero el precio que se pagó fue muy alto pues se calificaron causas de forma genérica, sin mirarlas.
El mismo escenario que con la digitalización de Justicia, un proyecto tan necesario como precipitado, puesto que se fijó el 1 de enero de 2016 para su entrada en vigor, pese a que todas las asociaciones y la Fiscalía exigieron suspender su implantación. Catalá admitió los problemas pero jamás contempló una moratoria.
Hoy avanza, convertido en una carrera de obstáculos. Al margen de leyes, a Catalá le tocó bailar con los constantes desafíos de los independentistas catalanes y sus correspondientes impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Su defensa de la Ley fue tan inquebrantable como el plan marcado por los soberanistas.
