El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, continúa en el foco de todas las miradas por su gestión de la dana. Además de las multitudinarias manifestaciones de los valencianos pidiendo su dimisión, en los últimos días incluso han surgido voces dentro del PP que ya le dan como "amortizado" y "políticamente muerto".
Esto se debe a que Mazón ha vuelto a contradecirse y a cambiar de versión sobre lo que pasó aquel fatídico 29 de octubre. El Consell ha sacado a la luz la hora real a la que llegó al Cecopi: las 20:28 horas. Y la Generalitat ha publicado una foto para confirmar este hecho. A pesar de las críticas recibidas por no estar allí desde el primer momento, el president de la Generalitat Valenciana se ha justificado porque "es más de las 19:00 horas", que es lo que dijo. en un primer momento.
Aún así, Mazón descarta dimitir. En el último acto en el que ha participado, el Congreso de Formación Profesional: El valor de la FP" ha sido recibido con gritos de "Mazón dimisión". Sin embargo al ser preguntado por los medios sobre esta cuestión ha negado que vaya a dejar el cargo: "Esta pregunta se la tendrán que hacer a los que no avisaron de la crecida mortal del barranco del Poyo, son ellos los que tienen que plantearse su situación".
Del mismo modo, Mazón ha salvado la petición de dimisión pedida por Compromís en las Corts gracias a Vox. Todo un ejemplo de resistencia tras las constantes críticas por su gestión de la dana que dejó 227 fallecidos y millones de pérdidas materiales el pasado 29 de octubre.
Si dimite pierde un sueldo de 75.000 euros durante mínimo 5 años
Sin embargo, las razones para no dimitir van mucho más allá del orgullo personal. Si Mazón dimite ahora se queda sin los más de 90.000 euros que cobra como president de la Generalitat Valenciana (91.398,24 euros en concreto según datos de la propia Generalitat).
Además, el estatuto de los expresidentes de la Generalitat según su artículo 4 tiene preparado un buen premio para él si logra acabar la legislatura: una retribución en torno a los 75.000 euros anuales durante mínimo cinco años, dos asesores y un chófer (puede renovarse el cargo hasta los 15 años). Durante al menos cinco años, Mazón formará parte del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana si se mantiene como presidente "por un período igual o superior a una legislatura completa".
Para más inri, en la Comunitat Valenciana se entiende por legislatura completa cuando el presidente lo decide, es decir, si Mazón convoca elecciones anticipadas, la legislatura terminaría en ese momento. Y si perdiera o no se presentara a una reelección tendría derecho a lo anteriormente comentado.
Podría combinar ese sueldo con un trabajo en la Administración Pública
También podrá disfrutar de otras garantías ofrecidas por el estatuto si aguanta en el cargo, como "el apoyo de los servicios que la Generalitat tenga establecidos fuera de la Comunidad Valenciana, así como las oficinas de la Generalitat en Madrid y Bruselas".
El estatuto también fija que durante estos años que forme parte del Consell, Mazón podría trabajar en Administración Pública siempre y cuando sus funciones no sean incompatibles. Por ejemplo, podría volver a ser el director gerente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante como lo fue entre 2009 y 2019.
Si dimite, también pierde el aforamiento
La cosa cambia si dimite o su propio partido le aparta de sus funciones. El mismo artículo 4 del estatuto lo explica: "Será miembro nato del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat por un período igual al que haya ejercido el cargo de presidente, con un mínimo de dos años". Es decir, en lugar de un mínimo de cinco, solo gozaría de estas garantías dos años o lo que aguante en el cargo.
Igualmente, su dimisión le supone perder el aforamiento, algo vital de cara a posibles procesos judiciales. Ahora mismo Mazón está aforado por ser miembro de las Cortes, por ser diputado y por ser el president de la Comunitat Valenciana tal y como recoge la Constitución.
Si renuncia, deja de estar aforado, lo que significa que pasaría a ser juzgado directamente por el Tribunal Supremo y perdería toda la protección de la que goza ahora mismo.
