La Real Academia Española (RAE) publicará la 'Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible' por la que reivindica la "claridad" en el habla, especialmente para las instituciones y administración, y que incluyen una serie de recomendaciones a evitar como los incisos, las redundancias o los "extranjerismos crudos".
"Las conclusiones de esta convención servirán a todos los poderes públicos y entidades que prestan servicios de interés general para mejorar la transparencia de sus programas y actuaciones, lo que contribuirá sin duda a fortalecer la calidad de las democracias", ha defendido el rey Felipe VI en su intervención.
Coincidiendo con esta publicación, Arturo Pérez Reverte ha publicado un tweet en el que dice haber leído la Constitución cincuenta años después y más allá de sacar alguna reflexión sobre el texto, lo ha hecho sobre la interpretación que la política ha hecho del mismo. Para el escritor, "todo lo que han hecho con nosotros en los últimos veinte o treinta años es anticonstitucional".
Lo que dice la Constitución
Recordamos que la Constitución española de 1978 es el texto fundamental que organiza el sistema político y jurídico de España y dio paso a la transición en después de que la promulgara el rey Juan Carlos el 27 de diciembre de ese año. Fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre del mismo año. Este documento marcó la transición de España de una dictadura a una democracia, estableciendo un Estado social y democrático de derecho.
Los principales Postulados de la Carta Magna son la soberanía nacional. Establece que la soberanía reside en el pueblo español, del cual emanan todos los poderes del Estado. Define España como un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
El texto establece una monarquía parlamentaria como forma de gobierno, donde el rey es el jefe del Estado pero sus poderes están limitados y regulados por la Constitución y las leyes.
Además, garantiza un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, y los derechos sociales y económicos.
Uno de los principios más puestos en entredicho es el de la división de poderes que recoge la Constitución. El poder legislativo reside en las Cortes Generales, el poder ejecutivo en el Gobierno y el poder judicial en los tribunales. Además, defiende la descentralización y las autonomías, una economía sostenible y el bienestar social de los ciudadanos.
