La reforma de la estiba afronta este jueves su segundo examen en el Congreso

La reforma de la estiba afronta su segundo examen en la Cámara Baja dos meses después de que el pasado 16 de marzo recibiera un histórico rechazo, que lo convirtió en el tercer decreto ley que no logra convalidarse en Democracia.

Al igual que ocurrió en esa ocasión, el Decreto llega al Congreso con un calendario de paros convocado en los puertos por los sindicatos de estibadores, programados a partir del próximo 24 de mayo y que se extenderían durante tres semanas.

No obstante, al contrario que hace dos meses, el Ministerio de Fomento se muestra más "optimista" de cara a lograr el apoyo parlamentario necesario para convalidar la reforma, que requiere mayoría simple, esto es, un mayor número de votos a favor que en contra.

Fomento basa su confianza en el "permanente y abierto" diálogo que ha mantenido con los grupos políticos y en el hecho de que el Decreto incluirá, a través de un Real Decreto posterior, los aspectos laborales de la reforma negociados con patronal y sindicatos de estibadores, y las ayudas de 120 millones comprometidas por el Gobierno para la reconversión del sector.

De esta forma, ante el debate de hoy jueves, la eventual abstención del grupo parlamentario catalán PDeCAT, frente al rechazo que manifestó en la anterior votación, se perfila como decisiva para que el Gobierno saque adelante la reforma. La abstención de esta formación, que tendría lugar en pleno reto soberanista, junto con el previsible respaldo de Ciudadanos y PNV, permitiría dar finalmente 'luz verde' a la reestructuración de la estiba que el Gobierno emprendió el pasado mes de febrero.

Con la reforma de la estiba, el Ejecutivo busca adaptar el sector de la carga y descarga de mercancías en los puertos a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene, y evitar que el Tribunal Superior de Justicia de la UE imponga una multa a España.

Así, en caso de que el Congreso convalide la reforma, España evitará pagar la multa de unos 25 millones de euros que acumula por la sanción que el Tribunal de la UE ya le impuso en diciembre de 2014, y que se le ponga una segunda, de 134.000 euros diarios, por no cumplir con la primera.

No obstante, el Gobierno pretende también liberalizar y romper el monopolio de facto en que actualmente se presta este servicio portuario, básico para la economía, dado que los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país.

El segundo Decreto Ley con el que el Gobierno busca sacar adelante la reforma incluye otras novedades además del Real Decreto de medidas laborales. Entre ellas, cambia los requisitos para acceder a la profesión, suprimiendo la obligación de contar con un título de FP pero incluyendo la obligación de realizar prácticas.