Felipe VI preside este jueves el acto de apertura del año judicial con normalidad institucional tras un bloqueo de más de un lustro y con la primera presidenta en toda la historia del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo tras el nombramiento in extremis de la magistrada Isabel Perelló.
Como es tradición, el Supremo acogerá el solemne acto, evento que sirve de pistoletazo de salida a un nuevo curso en los juzgados y tribunales al que asistirá la cúpula judicial y los representantes de las principales instituciones del país y que este año permite recuperar la normalidad del acto.
Casi seis años de bloqueo por falta de acuerdo
La elección de Perelló como presidenta del Poder Judicial y del Supremo pone fin de forma definitiva al bloqueo que el órgano de gobierno de los jueces ha sufrido durante más de cinco años y medio, con lo que todos los focos apuntarán a ella y a su primer discurso, que apenas ha tenido tiempo de preparar.
Antes, hablará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está al borde de la imputación porque el Tribunal Supremo tiene que decidir si le abre una investigación a petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos.
Ajeno al ruido que genera esta cuestión, ya no por su futuro procesal sino también al frente del Ministerio Fiscal, García Ortiz defiende que el paso dado por el TSJM "no ha de impedir ni alterar" el trabajo de la Fiscalía ni el suyo propio.
Y aunque está por ver qué ocurrirá con la decisión del Alto Tribunal, fuentes jurídicas consultadas por EFE dudan de que García Ortiz dimita si le imputan; al contrario, defenderá su actuación una vez que ya ha admitido públicamente ser quien ordenó la publicación de una nota de prensa con datos de González Amador.
La principal misión del nuevo CGPJ será hacer frente a casi un centenar de nombramientos pendientes en la cúpula judicial del país, 27 de ellos del Supremo, que tiene más de un tercio de su plantilla de magistrados sin cubrir.
