El abogado del rey emérito ha presentado una declaración voluntaria para regularizar la situación fiscal de Juan Carlos I ante la Agencia Tributaria, que está analizando el escrito y en los próximos días decidirá si la acepta o pide aclaraciones y cuál es el importe pagar, según publica este domingo El País.
Declaración voluntaria por el uso de tarjetas de crédito
El escrito ha sido remitido a Hacienda a través del abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, y está siendo analizado por la Agencia Tributaria, que deberá dar respuesta en los próximos días, según las fuentes citadas por el periódico. "La presentación de una declaración voluntaria está sobre la mesa desde que Corinna Larsen declaró que Juan Carlos I le había regalado 65 millones de euros procedentes de una donación que le hizo el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdelaziz", informa el diario.
Sin embargo, según las fuentes consultadas por El País, la declaración presentada ahora por su abogado no se refiere a posibles bienes en el extranjero, sino al uso por parte del rey emérito y algunos parientes de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
El importe defraudado podría superar los 120.000 euros
"El uso de esas cuentas tuvo lugar entre los años 2016 y 2018, cuando Juan Carlos I ya había abdicado y perdido la inviolabilidad", añade. Según la información de El País, "el importe defraudado podría superar los 120.000 euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel".
La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.
Su retorno a España, pendiente de decisión judicial
El rey emérito salió de España en agosto y reside desde entonces en Emiratos Árabes Unidos como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi. Su retorno está pendiente de que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirige las tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra él, archive las investigaciones o presente una querella.
