La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha dicho este viernes que las acciones del juez Manuel García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", después de que insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.
La ministra ha hecho estas declaraciones, en una entrevista en TVE, después de que el juez de la Audiencia Nacional se reafirmara en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar a Puigdemont por delitos de terrorismo en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami Democrátic.
Concretamente, la vicepresidenta ha dicho que "hay algunas personas (...) que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial", sugiriendo con ello el supuesto lawfare del magistrado.
Ha añadido que "yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles"
A la pregunta de si cree que al juez García Castellón le pueda guiar un criterio político, ha contestado: "la hemeroteca demuestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas".
Estas palabras han sido respaldadas por la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha dado la razón a su compañera en el Ejecutivo a pesar de reconocer que no había escuchado sus palabras. "Hay algunas resoluciones judiciales que parecen que coinciden en tiempos", ha resaltado.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado también esas coincidencias al tiempo que ha reiterado el respaldo del Gobierno a las resoluciones judiciales.
El PP exige la desautorización de Ribera
El portavoz el PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha sido el primero en reaccionar a estas declaraciones resaltando que "una vicepresidenta" esté "acusando a un magistrado de prevaricación" y denuncia que "el ataque del gobierno a la división de poderes y a la defensa de los políticos indepes a costa de nuestro Estado de Derecho sigue su escalada".
Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desautoricen las declaraciones de Ribera porque habla en el nombre del Gobierno.
Moncloa se ve obligada a explicar que respetará la decisión de la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democràtic
Tras el revuelo generado por las palabras de Teresa Ribera, el Gobierno se ha visto obligado a reiterar su respeto institucional al Poder Judicial y a la independencia de jueces y magistrados.
Fuentes del Ejecutivo han subrayado que el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta alguna de ellas.
Desde La Moncloa aprovechan además para recordar el "secuestro al que el Partido Popular está sometiendo al Poder Judicial, bloqueando su renovación desde hace más de cinco años" , en lo que califican como un claro ejemplo de intervencionismo
El auto de García Castellón
Este jueves el el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón se reafirmó en que la investigación sobre la coordinación de las protestas violentas en la calle, los aeropuertos del Prat y Barajas y la frontera de la Jonquera apunta a un delito de terrorismo que debe investigar el Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Carles Puigdemont, a quien atribuye un rol de liderazgo en la organización.
Según el magistrado, "tras las últimas diligencias practicadas hasta la fecha, se ha afianzado la tesis inicial que calificaba los hechos como delito de terrorismo”. Además llama a la Fiscalía a “reflexionar”, siendo este órgano el que debe defender la legalidad.
Así se recoge en el auto en el que el juez desestima el recurso presentado por la Fiscalía contra el envío de la exposición razonada al Supremo para que investigue por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic al expresidente de la Generalitat y miembro del Parlamento Europeo Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC, Marta Rovira y a otras diez personas.
