El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin aclarar cuáles son exactamente las competencias en materia de inmigración que el Gobierno cederá a Cataluña, aunque ha aclarado que "todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular" seguirá en manos del Estado.
Así lo ha explicado en una entrevista en RNE donde el jefe del Ejecutivo ha insistido en que no habrá una política migratoria a la carta, aunque Junts sigue defiendo lo contrario.
Sánchez ha remarcado que el artículo 149 de la Constitución es claro sobre este asunto: es el Estado el que tiene las competencias en política migratoria y añadió que tanto el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el de Andalucía recogen "definidas las competencias" para estos ejecutivos regionales.
Cataluña gestionará los políticas de integración social
Aunque reconoce que los partidos independentistas siempre piden "lo máximo" y Junts "tendrá su posición" sobre lo acordado, Sánchez ha insistido en que las "políticas de control de las fronteras" son competencia de la Administración General del Estado y que la cuestión que se abordará con las comunidades autónomas, en coordinación con el Ejecutivo, es sobre las políticas relacionadas con la integración social.
No obstante, Sánchez no ha aclarado si Cataluña podrá oponerse al reparto de migrantes con las competencias que se le van a entregar, y se ha limitado a señalar que esta comunidad ha sido una de las más solidarias a la hora de recibir migrantes, en comparación a otras gobernadas por el PP, según ha reprochado.
Junts insiste en que la cesión debe ser "integral"
Junts, por su parte, insiste en que la delegación de competencias en materia de inmigración debe ser "integral", pese a que Sánchez asegure que cuestiones como la expulsión de inmigrantes son competencia del Estado.
Así lo ha explicado Jordi Turull en una entrevista en TV3 donde ha remarcado que lo que pactaron con el PSOE para conseguir la abstención de Junts a los reales decretos fue una "decisión política" de hacer una ley orgánica que delegaría competencias a la Generalitat para la "gestión integral" de la inmigración.
En este sentido, ha matizado que el contenido de la citada ley orgánica "no" lo pactaron y ahora se negociará, pero "con lógica". "Iremos a las máximas", ha defendido Turull.
