La organización Save The Children ha advertido de que "cualquier repatriación colectiva" de menores migrantes es "ilegal", después de que algunas informaciones hayan señalado que Marruecos y España están trabajando conjuntamente en un protocolo para agilizar la reagrupación familiar de los niños que entran solos en Ceuta.
Save the Children cuestiona el enfoque de esta iniciativa ya que considera "ilegales" los planteamientos que pasen por reagrupaciones colectivas en lugar de analizar caso por caso la situación de cada menor de edad.
"Resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde sus necesidades y su bienestar", ha explicado la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de la ONG, Catalina Perazzo.
A su juicio, las soluciones duraderas que se planteen al menor pueden ser la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen, ya sea a su familia o al sistema de protección del país de origen.
Además, para que el retorno pueda ser considerado como la solución que mejor garantice los derechos del menor, incluyendo su derecho a la salud, la educación y la integridad física, Save The Children recuerda que esta decisión debe llevarse a cabo tras una evaluación de su interés superior exhaustiva e individualizada.
Del mismo modo, ve "imprescindible" que su retorno no suponga un riesgo para la integridad física o moral del niño y que se pueda garantizar un seguimiento individualizado y una garantía de reintegración que permita el cumplimiento de todos sus derechos.
"En ningún caso podría ser el resultado de una expulsión colectiva ni, sobre todo, que se realice en contra de la voluntad del propio niño, niña o adolescente", apunta la ONG.
Amnistía Internacional pide el cese de las devoluciones
También ha mostrado su repulsa Unicef y Plataforma de Infancia a través de un comunicado en el que han señalado que, según las normas españolas, europeas e internacionales, un retorno solo se puede contemplar cuando "sea en el interés superior del niño", cuando "la reintegración segura de los niños en su país de origen esté garantizada", también si "el retorno es voluntario" y que "el menor sea escuchado a lo largo del proceso".
"Resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responda a sus necesidades y su bienestar, antes de que se tome cualquier decisión sobre su futuro", han señalado.
Como "soluciones duraderas" han comentado "la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen, ya sea a su familia o al sistema de protección del país de origen". Así, han hecho hincapié en que los recientes retornos desde Ceuta "están incumpliendo con esta normatividad" y que, por tanto, deben ser "interrumpidos de inmediato".
Por su parte, Amnistía Internacional ha valorado en esta línea que las devoluciones se deben interrumpir mientras no se cumplan con las garantías de protección y ha pedido al Ministerio del Interior que se paralicen hasta que cada expediente haya sido revisado por la Fiscalía de Menores y se asegure que se ha actuado de conformidad al interés superior de los niños y niñas.
"Las autoridades españolas deben garantizar de manera efectiva y no meramente retórica los derechos de los cientos de menores no acompañados en Ceuta primando su interés superior. No tenemos constancia de que haya sido así en esta ocasión", ha asegurado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. "En todos los casos, debe respetarse el derecho de los y las menores a ser informados en un idioma que conozcan y de manera comprensible, a contar con asistencia letrada, y a ser escuchados en los procedimientos que les afectan", ha concluido Beltrán.
Postura de Derechos Sociales
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, ha advertido de que "cualquier proceso de reagrupación familiar debe contar con un protocolo que incluya entrevistas individualizadas a los niños" migrantes, así como "el conocimiento pormenorizado por parte de la fiscalía del procedimiento".
El departamento que dirige Ione Belarra ha asegurado lleva "meses" poniéndose "a disposición" del departamento de Fernando Grande-Marlaska para "trabajar un protocolo de reagrupación familiar de niños y niñas que migran solos" que "cumpla con la normativa nacional e internacional", sin haber recibido "ninguna respuesta al respecto" de parte de Interior.
