El sector alimentario pide a Rajoy que recurra al Constitucional el impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas

Una docena de asociaciones sectoriales representantes de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria se han apoyado en un informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez para instar al Ejecutivo a actuar contra la decisión de la Generalitat de Cataluña.

Las entidades firmantes han coincidido en apuntar que este impuesto -aprobado oficialmente el pasado 30 de marzo pero que todavía no cuenta con un reglamento que lo desarrolle- rompe la unidad de mercado, vulnera el principio de territorialidad y obstaculiza la libre circulación de mercancías y servicios en territorio nacional, entre otros perjuicios.

El director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha reconocido que en el caso de que esta iniciativa no prospere, no descartan explorar otras vías legales. El principal objetivo no es sólo evitar la "estigmatización" del azúcar y los refrescos, sino también impedir que este tipo de tasas se extiendan a otras Comunidades Autónomas -varias han especulado con esta posibilidad- o incluso a otros ingredientes.

"La ley tiene un impacto muy negativo para el sector, ya que se trata de una medida discriminatoria, con falta de evidencia científica y mero afán recaudatorio. No creemos que la fiscalidad sea la estrategia adecuada para cambiar hábitos de vida", ha defendido García de Quevedo.

Desde el sector productor, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha calificado de "aberración" y "barbaridad" este nuevo gravamen, especialmente en un momento en el que el sector remolachero español afronta la desaparición de las cuotas. "Quién dice que mañana no se puedan gravar la leche, los yogures, la carne... La vía impositiva no es el mejor sistema de trabajo", ha subrayado Barato.

Por parte de la distribución, el presidente de ACES, Aurelio del Pino, ha recalcado que esta tasa no afecta únicamente al sector agroalimentario, sino que supone "un problema para el Estado" en su conjunto. Del Pino ha advertido de que este tipo de iniciativas sientan "precedente", y ha recordado que el impuesto puede incluso llevar a consumidores que vivan en zonas fronterizas a desplazarse a un comercio de otra región para comprar bebidas azucaradas.

El gravamen, que debe ser liquidado por los operadores logísticos encargados de distribuir el producto tanto a supermercados como bares y restaurantes, es aplicable tanto a refrescos como a zumos y néctares, pasando por sodas, bebidas energéticas, de té y de café, vegetales o incluso leches endulzadas y aguas de sabores.

El impuesto, que se trasladará al precio que pagan los consumidores, es variable: ocho céntimos para bebidas con entre 5 y 8 gramos de azúcar añadido por cada 100 mililitros y doce céntimos para las que superen esa cifra. Las empresas del sector agroalimentario han denunciado hoy que la medida implica un incremento de sus costes operativos "importante", aunque todavía por cuantificar, mientras que la Generalitat prevé recaudar a través de él unos 40 millones de euros.

El plazo para que Rajoy pueda presentar recurso de inconstitucionalidad expira el próximo 30 de junio, han explicado los firmantes de esta petición. Interrogados acerca del interés del Gobierno por aprobar un impuesto en territorio nacional sobre las bebidas azucaradas, desde el sector han recordado que el Ejecutivo ya anunció que no trabaja actualmente en su creación.

La petición al Ejecutivo para que recurra al Tribunal Constitucional está respaldada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias y UPA, por las entidades representantes de la industria FIAB y Promarca, por el sector del gran consumo (Aecoc), así como por la distribución (ACES, Anged y Asedas) y la hostelería (FEHR y Marcas de Restauración).