Antes de participar en un acto sobre delitos de odio, celebrado en el Consejo General de la Abogacía, Segarra ha dicho no estar preocupada por si se ha vulnerado el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión e información, en el marco de esta causa de presunta corrupción del caso Cursach que investiga la Audiencia de Palma.
La fiscal general ha hecho estas manifestaciones poco antes de que varias periodistas le hiciesen entrega de un escrito con más de 200 firmas de profesionales de la información en el que se condenaba la incautación policial a los periodistas, una actuación que fue respaldada por la Fiscalía.
Segarra ha declinado hacer más declaraciones sobre el caso, dado que está secreto aunque ha reconocido entender la "inquietud" sembrada en torno a los registros ocurridos ayer.
En concreto, la Policía requisó documentación, ordenadores y teléfonos móviles de dos redactores de Diario de Mallorca y Europa Press en las sedes en Palma de ambas empresas, en el marco de la investigación sobre una filtración periodística en el citado caso.
La Policía actuó en cumplimiento de una orden del juzgado de instrucción 12 de Palma, que contó con el apoyo de la Fiscalía.
Varias organizaciones periodísticas rechazaron ayer la incautación y mostraron su apoyo a los compañeros de dichos medios.