El Senado ha aprobado esta histórica decisión con 148 votos a favor, 112 en contra y una abstención.
Si el Congreso da una respuesta negativa, o no da ninguna en el plazo de un mes, el Senado podrá ya iniciar un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, que tomaría su primera decisión sobre la amnistía, aunque sería sobre cómo fue su tramitación.
El PP, con mayoría absoluta en el Senado, propuso esta medida con la justificación de que el Congreso tendría que haber tramitado la amnistía como una reforma constitucional y no como una ley orgánica.
Por ello, según el PP, se invadieron las atribuciones del Senado, ya que el Congreso les dio un "trágala": tenían que tramitar la ley aunque pudiera ser inconstitucional.
Así lo explicó su diputado Antonio Silván en el debate previo a la votación este miércoles, en el que solo recabó el apoyo de los tres senadores de Vox.
Precisamente, "no dejar espacio a Vox" es el único motivo de este inédito conflicto de atribuciones, según opinó en el debate el socialista Manuel Fajardo, quien cree que el PP no acudirá finalmente al Tribunal Constitucional y la intención es una mera "lucha por el relato" entre los que se oponen a la amnistía.
Fuentes del PP han indicado este miércoles que la dirección del partido está aún sopesando si llevará el conflicto al Tribunal Constitucional durante la tramitación, cuando el Congreso conteste o eluda contestar al requerimiento del Senado, o si bien esperarán a un recurso de inconstitucionalidad cuando la ley se apruebe, unas semanas más tarde.
El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha lamentado, en declaraciones a la prensa antes de la votación, que el PP tenga "tan poca seguridad" en qué hará y que, sin embargo, esté "embarcando" antes al Senado en un conflicto institucional sin precedentes, que probablemente sea "para nada".
El plazo del Congreso
A partir de su aprobación este miércoles en el Senado, este conflicto de competencias inédito entre las dos Cámaras llegará el jueves 11 de abril al Congreso de los Diputados, que tiene un plazo máximo de respuesta de 30 días.
De esta manera, la institución presidida por Francina Armengol tendrá de plazo hasta el 11 de mayo, un día antes de las elecciones catalanas, para responder. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia. Esto no dilata la tramitación ni se paraliza, a no ser que se pidan cautelarísimas.
El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ya se refirió a este hecho y recordó que la Cámara baja no tiene obligación de atender al conflicto institucional que pretende plantear el Senado por la ley de Amnistía: "El Senado podrá decir Misa, y nosotros podremos escucharla o no".
Eso sí, Gómez de Celis no adelantó cuál será la respuesta del Congreso, remitiéndose a la iniciativa que presente el PP en la Cámara Alta y a su aprobación: "Ya veremos", se ha limitado a decir. A diferencia del Senado, en la Cámara Baja la mayoría de la Mesa la tienen PSOE y Sumar.
