Los debates en la Cámara Alta han sido hoy protagonistas de la actualidad política en nuestro país: junto a los reproches cruzados entre PP y PSOE a propósito de los presuntos casos de corrupción que han trascendido en las últimas semanas, hoy el Senado ha aceptado a trámite la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves.
Esta cámara, donde el Partido Popular disfruta de una holgada mayoría absoluta, ha aceptado el trámite del proyecto de Ley de Amnistía por respeto al orden constitucional, si bien los letrados de la Secretaría General del Senado han publicado un informe que señala varios motivos de inconstitucionalidad en la norma. La inclusión de este informe en el expediente de la votación ha llevado al PSOE, paradójicamente, a abstenerse en la votación, al considerar que la adición no obligatoria de este documento puede ser motivo de prevaricación.
Sin embargo, el PP va a combatir desde el Senado la tramitación de esta norma: Alicia García, portavoz del partido en la Cámara Alta, ha anunciado que la mesa del Senado va a presentar un conflicto de competencias con el Congreso, para que los diputados echen para atrás la norma. El PP sostiene que la Ley de Amnistía supone una reforma encubierta de la Constitución, que no puede realizarse mediante el proyecto de Ley que ya ha prosperado en el Congreso.
El Tribunal Constitucional podría pronunciarse
Para los populares, la Ley de Amnistía se está procesando de forma "inconstitucional" y "fraudulenta", y por ello remitirá este miércoles al Congreso un escrito que la Cámara Baja tiene 30 días para responder: el Senado afirma que el Congreso se está excediendo con la Ley de Amnistía, y asumiendo competencias propias del Tribunal Constitucional. El artículo 54 de la ley que regula este Órgano se refiere a este conflicto de competencias, y contempla que un órgano comunique a otro la posibilidad de que esté vulnerando la Constitución.
Si el Congreso no responde a este escrito en 30 días, el Senado podrá dirigirse directamente al Tribunal Constitucional, que contará a su vez con diez días para pronunciarse sobre la cuestión. En caso de que el alto tribunal considere que, efectivamente, el Congreso está incurriendo en un conflicto de competencias, podrá solicitar la suspensión cautelar del procedimiento legislativo.
