La Cámara Alta ha tramitado este martes la proposición de ley de amnistía por la "obligación automática" derivada de la Constitución de admitir las iniciativas enviadas por el Congreso de los Diputados. A pesar de ello, en un informe de la Secretaría General del Senado se alerta de que el texto incurre en motivos de inconstitucionalidad por vulnerar varios principios y valores y derechos fundamentales.
Así, según lo previsto, la Mesa del Senado ha dado el visto bueno a tramitar la proposición de ley orgánica de amnistía y elegirá que se haga por el procedimiento ordinario, según ha solicitado el PP, con el 16 de mayo como fecha límite para que retorne al Congreso.
Fuentes socialistas han asegurado que los miembros del PSOE no han participado de la votación porque creen que podrían incurrir en prevaricación al no ser necesaria según el Reglamento y al haberse adjuntado al expediente el informe de los letrados del Senado sobre la inconstitucionalidad de la amnistía. Sin embargo, otras fuentes presentes en la Mesa han manifestado por su parte que los senadores del PSOE sí han votado, y que lo han hecho en contra.
Los populares, que son mayoría tanto en este órgano como en el Senado, votaron a favor del dictamen de calificación de la ley de amnistía, que incluye una serie de apreciaciones procedentes del informe de los letrados de la Cámara. Al dictamen se adjuntaba el propio informe de los juristas y otro escrito sobre por qué esta sede parlamentaria no podía negarse a dar curso a esta iniciativa.
Una reforma de la Constitución encubierta
La Secretaría General habla en su informe de "reforma de la Constitución encubierta" puesto que tiene el efecto de modificar la Constitución para atribuir a las Cortes Generales una competencia "que no tienen expresamente reconocida" en la Carta Magna. Esto supone un "vicio de procedimiento" y la vulneración del artículo 23 por "utilización fraudulenta del procedimiento legislativo para fines que no le son propios".
En virtud de ese informe, la propuesta de acuerdo habla de tramitar la iniciativa por el procedimiento ordinario, con un plazo de dos meses a partir de la recepción del texto, es decir, hasta el 16 de mayo.
Se acuerda su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y abrir plazo para presentación de enmiendas y propuestas de veto, de diez días contados a partir de aquel en el que se haya publicado, hasta el 3 de abril.
