La comisión encargada de la Ley de Amnistía en el Senado ha aprobado su dictamen, marcando así un paso crucial en la Cámara Alta. La votación está programada para el próximo martes, posterior a las elecciones catalanas. Se espera que la mayoría del PP impulse la vuelta del texto al Congreso en la votación del próximo martes.
El proceso de la ley ha sido lento y controvertido, como se preveía. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha buscado prolongar la tramitación al máximo, posponiendo el veto al martes 14 de mayo, en una sesión inesperada debido al festivo del 15 de mayo en Madrid.
La ponencia de la comisión, respaldada por informes legales que cuestionan su constitucionalidad y su conflicto con el marco jurídico de la Unión Europea, ha avalado el dictamen. Sin embargo, el veto del PP ha sido una barrera que deberá sortearse en el Pleno del 14 de mayo.
La propuesta de ley de amnistía, fruto del pacto entre el PSOE y partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, llegó al Senado el 15 de marzo con trámite de urgencia tras ser aprobada en el Congreso. Pero la reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP eliminó la vía de urgencia, convirtiendo su trámite en uno ordinario.
El Senado dispone hasta el 16 de mayo para votar esta ley, aunque desde su llegada, ha enfrentado múltiples informes contrarios. Los letrados del Senado denunciaron su inconstitucionalidad, tildándola de "reforma encubierta de la Constitución". Además, la Comisión de Venecia opinó sobre el procedimiento y la necesidad de una mayoría cualificada para su aprobación.
El choque institucional entre Senado y Congreso fue evidente cuando el primero solicitó la retirada de la propuesta, siendo esta negada por el Congreso. El PP tiene la opción de llevar este conflicto al Tribunal Constitucional, una vez la ley sea aprobada definitivamente.
Múltiples instancias, desde la Comisión de Venecia hasta presidentes autonómicos, han emitido opiniones y recomendaciones sobre la ley. El CGPJ aún no se ha pronunciado, mientras que el Fiscal General del Estado ha rechazado emitir informes al respecto.
