Los ataques directos de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez del caso Tsunami Manuel García Castellón han despertado una ola de malestar y profunda preocupación en el seno de la Audiencia Nacional. Todas las fuentes consultadas por Onda Cero indican que es muy grave que el ejecutivo acuse a un juez con nombre y apellidos de prácticas que constituyen prevariación,
“Las resoluciones judiciales hay que acatarlas, se pueden compartir o no pero no se puede disparar contra los jueces de forma nominal”, señala un magistrados de la Audiencia Nacional en conversación con este medio.
Las mismas fuentes también inciden en que este tipo de declaraciones por parte del Gobierno no contribuyen a la buena relación entre instituciones y atacan la independencia judicial.
Los magistrados de la Audiencia Nacional defienden que su compañero, el juez Manuel García Castellón, rechazó el recurso de la fiscalía “cuando tocaba”, ya que se presentó antes de las vacaciones de Navidad y durante este tiempo el magistrado no podía actuar porque estaba recusado.
Cuando una de las partes formula una petición de recusación contra un juez, éste no puede actuar en el marco de esa causa hasta que no se resuelva la solicitud en un procedimiento, cuyos pasos y plazos están tasados. El pasado 22 de noviembre, la Fiscalía recurrió la exposición razonada que García Castellón había enviado el día anterior al Supremo para que investigara a Carles Puigdemont por terrorismo. A las pocas horas, uno de los imputados en Tsunami y mano derecha del líder de Junts, Josep Lluis Alay, planteó una recusación contra el magistrado.
La Sala de lo Penal rechazó definitivamente apartar al juez hace cuatro días. De ahí, que los compañeros de García Castellón subrayen que el auto sobre el que ha cargado la vicepresidenta Ribera, notificado este jueves, se mueve dentro de los tiempos normales de la justicia, que no son los de la política.
Sobre la acusación formulada por la vicepresidenta tercera contra el juez de Tsunami respecto al sentido de sus actuaciones “siempre en la misma dirección”, las fuentes recuerdan que se trata del mismo magistrado que investigó causas que salpicaban al PP como los casos Kitchen, Gürtel y Lezo.
Asociaciones de jueces
Salvo la progresista JJPD, las asociaciones de jueces han salido en cascada a condenar las declaraciones de Teresa Ribera. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cree que, pese a defender siempre el derecho a la libertad de expresión y a la crítica a las resoluciones judiciales, "no resulta de recibo en un Estado de Derecho que un miembro del Ejecutivo, acuse veladamente a un juez de prevaricar.
"Nos causa una enorme tristeza, -aunque ya nada nos sorprende-, que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de lawfare y de judicialización de la política", señala en un comunicado la APM.
Esta asociación destaca que en una democracia plena "las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen y, cuando no se está de acuerdo con su contenido, se recurren cumpliendo los trámites legales".
Añade que resulta inaceptable "este ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tiene las más altas responsabilidades políticas, tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho, la única garantía de la convivencia pacífica en nuestro país".
Desde la Asociación Francisco de Vitoria, Luis Ortiz ha reaccionado también con contundencia a las acusaciones de Ribera. “Señalar a jueces solo genera desconfianza, los tiempos de la justicia no son los de la política”, asegura.
Ortiz también subraya que en este procedimiento, como en todos, hay que dar respuesta a las partes y que el auto de García Castellón respondía precisamente a un recurso. “Si el juez no diera respuesta estaría cometiendo un delito”.
Para esta asociación, resulta inexplicable que un miembro del Gobierno parezca no conocer como funciona la justicia. Dado que España es un estado de derecho, exigen “respeto al poder ejecutivo porque con comentarios como éste solo se está perjudicando al país”.
Por su parte, desde la asociación Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, considera que de existir una "querencia", en todo caso sería la de "nuestros políticos a protestar públicamente cuando las decisiones judiciales no les convienen por contenido o por momento o por ambas cosas".
"Los tiempos de los procesos judiciales no dependen enteramente de los jueces", añade. Subraya que este proceso lleva mucho tiempo investigándose y su tramitación no puede acomodarse a los intereses políticos de nadie según el momento, "parando cuando no vaya a molestar a ningún partido".
Recuerda que si la Fiscalía no hubiese recurrido la decisión inicial del juez, éste no habría tenido que pronunciarse justo en este momento. Para esta asociación nadie puede pretender que el juez no resuelva un recurso de la Fiscalía a la espera de que termine la tramitación de la ley de amnistía.
En todo caso, "sobran señalamientos públicos, y menos por decisiones que no son en absoluto definitivas: si esto es o no terrorismo, dependerá finalmente de lo que instruya y, en su caso, juzgue la audiencia Nacional", remacha Portillo.
