Sentencia del 'procés': las claves para entenderla

¿Quiénes son los acusados y qué penas se piden para ellos?

Oriol Junqueras, exnúmero dos del Govern de Carles Puigdemont, exvicepresidente y exconseller de Economía y Hacienda de la Generalitat. La Fiscalía pide la pena más alta: 25 años de prisión por rebelión agravada al haber sido promotor y haberse malversado más de 250.000 euros de fondos públicos, más los mismos años de inhabilitación.

La Abogacía del Estado, que rebajó su petición de pena en el inicio del juicio para todos los acusados al dejar de apreciar el delito de rebelión, le acusa de sedición en concurso con malversación y pide 12 años de prisión.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresidentes de ANC y Òmnium. La Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión agravada (promotor) y los mismos años de inhabilitación. La Abogacía pide ocho años de prisión para cada uno por sedición más ocho de inhabilitación.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament durante la Declaración Unilateral de Independencia. La Fiscalía le acusa de rebelión agravada (promotora) y pide 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación. La Abogacía reduce el delito a sedición y solicita diez años.

Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, están acusados de rebelión agravada por haberse malversado más de 250.000 euros, delito por el que la Fiscalía pide 16 años de prisión para cada uno y lo mismo de inhabilitación. La Abogacía pide once años por malversación y sedición.

Para Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, también exconsellers, la Fiscalía pide siete años de prisión más 16 de inhabilitación por malversación y desobediencia grave continuada, y una multa de 30.000 euros. La Abogacía pide siete años de prisión por los mismos delitos de los que les acusa la Fiscalía, pero solicita menos años de inhabilitación (diez) y la misma multa.

Para todos ellos, la Fiscalía pide que no puedan obtener el tercer grado hasta la mitad de la condena.

Por su parte, la acusación particular (Vox) solicita entre 24 y 74 años de prisión por dos delitos de rebelión y otros como organización criminal.

¿Rebelión o sedición? ¿Hubo violencia?

Quizás, la incógnita más importante de todas sea la de decidir si estamos ante actos de rebelión o de sedición. La Fiscalía siempre defendió rebelión, al igual que la Abogacía del Estado durante el periodo de instrucción. Sin embargo, al inicio del juicio, los Servicios Jurídicos del Gobierno rebajaron el delito por el 1-O a sedición. Las defensas piden la absolución o que, en todo caso, se quede en mera desobediencia.

Un factor clave también será determinar si hubo o no violencia, cuantificar en qué grado o ver si los magistrados dibujan un nuevo concepto penal de violencia menos física y más intimidatoria o amenazante.

Los jueces tendrán que justificar, por tanto, si hubo un ataque al orden constitucional (rebelión) o contra el orden público (sedición), sin descartar la conspiración para la rebelión -que se planea, pero no se inicia- o la tentativa para cometerla -no se llega a consumar-.

¿Hubo malversación de caudales públicos?

Es para algunos un factor que iguala en importancia a si hubo o no rebelión porque, si los magistrados acreditan que los gastos que originó el desafío independentista se sufragaron con fondos públicos, las penas de cárcel para cada uno de los condenados se verían seriamente afectadas.

¿Quién costeó el 'procés'? ¿De dónde salió todo el dinero para la campaña de publicidad, urnas, sobres e impresión de papeletas?. Los acusados intentaron demostrar durante semanas en el juicio que no se gastó "ni un céntimo" de dinero público: "ni encargos, ni facturas, ni compromisos de gasto". Algunos, incluso, apuntaron a "mecenas catalanistas".

Sin embargo, las acusaciones no admitieron esa versión y, aunque no se pusieron de acuerdo en la cuantificación exacta de la presunta malversación, sí dejaron claro que, si se prestaron servicios para el 'procés', hubo perjuicio para las arcas públicas.

El Código Penal establece que "si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros" se impondrá "la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado".

Es decir, la pena máxima en el Código Penal por este delito son ocho años, pero al considerarlo un delito de malversación de caudales públicos agravado, esta podría incrementarse hasta llegar a los doce años en total.

No obstante, este asunto no se cerrará en el Supremo. El Tribunal de Cuentas también investiga el presunto desvío de fondos públicos para la organización del 1-O, y las propias acusaciones remiten la cuantificación exacta a ese procedimiento.

¿Qué papel tuvieron los Mossos d'Esquadra?

Acusados de seguir las directrices de los líderes independentistas, los Mossos intentaron durante el juicio desmarcarse de la pasividad y la politización que les reprochan compañeros de otros cuerpos y altos cargos políticos y policiales.

El tribunal tendrá que resolver si dan credibilidad a la cúpula de la Prefectura, representada en la figura de Josep Lluís Trapero -que se alineó con la legalidad que representa el Estado y destapó la reunión clave con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras-, o comparte la tesis de las acusaciones que les reprochan decir una cosa y hacer otra.

Lo que diga la sentencia de los Mossos tendrá una lectura sobre el escenario que afrontarán próximamente los mandos policiales, con Trapero a la cabeza, en su próximo juicio en la Audiencia Nacional.

¿En qué le afectará la sentencia a Puigdemont?

El futuro procesal de Puigdemont y los otros seis políticos fugados estará condicionado por la resolución, que abrirá previsiblemente la puerta a reactivar las euroórdenes.

Sería una consecuencia inmediata de la sentencia, cuya competencia recae en el juez Pablo Llarena, a quien la Fiscalía podría solicitar una nueva OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega), ya no amparada en indicios sino en una sentencia firme del más alto tribunal español.

¿Por qué la Fiscalía pide límites al tercer grado?

La Fiscalía quiso dejar todo atado y no olvidó pedir al tribunal una especie de cortafuegos en la sentencia que impidiera a los condenados obtener el tercer grado hasta cumplir, al menos, la mitad de la pena.

Aunque en cualquier otro caso esto pudiera tratarse de un mero formalismo, en éste tiene su importancia dado que persigue evitar que la administración penitenciaria catalana, dependiente de la Generalitat, les aplique beneficios penitenciarios antes de tiempo siguiendo la estela del trato de favoritismo que denuncian los sindicatos en las cárceles catalanas.