La quinta jornada del Juicio al procés se ha abierto con las declaraciones de Josep Rull, quien ha defendido que su Govern apostó por un "equilibrio" entre el imperio de la ley y el principio democrático, ante la "falta de legitimidad moral" de un Tribunal Constitucional que de forma sistemática era "instrumentalizado" por el Gobierno.
En respuesta al interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal, Rull, que afronta 16 años de prisión por un delito de rebelión agravado con malversación, ha justificado así que el Govern desoyera las advertencias del Tribunal Constitucional que le impedían desarrollar su hoja de ruta hacia la independencia.
Tras subrayar que el "contexto" es importante en este asunto, el exconseller ha reivindicado la actuación de su Govern en una situación en que "el principio democrático era permanentemente ignorado por parte del Tribunal Constitucional", cuyas decisiones, ha advertido, suponían dejar la autonomía de Cataluña "totalmente minimizada".
Rull ha criticado que el TC fuera "instrumentalizado constantemente" por el Gobierno para que utilizara su prerrogativa de suspender las leyes impugnadas por el ejecutivo central.
"Ante ese dilema del imperio de la ley y el principio democrático, nosotros ponderábamos siempre esos dos elementos", ha argumentado.
Rull ha calificado la DUI como "una declaración política, formal y solemne" que fue promulgada "expresamente en términos políticos". "Lo que le digo es lo que hicimos el 27. Usted conoce perfectamente qué se hizo el día 28 y el 29", ha respondido al exconseller a la fiscal. E inmediatamente ha asegurado que no. "¿Hay esto, a lo cual usted hace referencia? No, nosotros no queríamos en ningún momento que se apartase la substanciación de todo este planteamiento político de la política y de la democracia, de un ámbito de expresión estrictamente político, democrático y pacífico".
Tras la declaración de Rull, ha sido el turno de Dolors Bassa, exconseller y antigua consejera de Asuntos Sociales y Familia, también acusada de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. En su interrogatorio en el Tribunal Supremo, Bassa, ha insistido que el objetivo del gobierno de Carles Puigdemont era "pactar la independencia", por lo que fijaron un plazo de 18 meses, que se acabó incumpliendo, porque este fue el periodo que tardaron Reino Unido y Escocia para acordar la celebración de un referéndum.
"La idea unilateral de la independencia no sale durante el programa ni durante el tiempo, siempre estábamos hablando de diálogo, de pacto, aunque todos estábamos comprometidos con el proyecto independentista", ha sostenido.
Según la exconsellera, la primera vez que vio la posibilidad de que se optara por una Declaración Unilateral de Independencia fue con la correspondencia que cruzaron Puigdemont y el entonces presidentes del Gobierno Mariano Rajoy, entre el 19 y el 20 de octubre, en la fase de apercibimiento preceptivo para poder aplicar el artículo 155 de la Constitución.