En la exposición de conclusiones, el segundo día del juicio que se celebra contra el expresidente Artur Masy los esconsellers Frances Homs,Irene Rigau y Joana Ortega, por supuesta responsabilidad en el desvío de fondos públicos para la consulta, el letrado ha afirmado que el 9-N no fue un hecho aislado si no "un plan de ruptura constitucional, en el que nada se improvisó".
El abogado de Sociedad Civil ha sostenido que hubo una "planificación incompatible con la ignorancia" alegada por los demandados y ha aseverado que había "un arsenal de planes en función de la respuesta del Estado". En opinión del letrado, el 9 de noviembre hubo un referéndum encubierto y, por tanto, se incurrió en un "enmascaramiento como la copa de un pino".
Sobre los gastos realizados, Zunón ha destacado que son "admitidos y probados" y aquí se ha referido a los 2,8 millones invertidos en pagar 7.000 ordenadores (los mismos que mesas electorales) y que luego, "limpiados los programas", se reutilizaron en los centros educativos. "Los indicios claman al cielo" ha dicho Zunón que ha insistido en que el motivo de la compra de ordenadores fue dar apoyo logístico a la consulta "aunque luego el material sobrante se colocó en los centros de enseñanza".