Se trata del diputado del PSOE por Guipúzcoa y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, quien, dos semanas después de entrar en vigor el estado de alarma, trasladó por carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su renuncia en abril a los 1.900 euros de dieta que mensualmente recibe por ser diputado de fuera de Madrid.
Los diputados perciben una asignación mensual (sueldo base) de 2.981,86 euros, a los que se suman complementos según la tarea que desempeñan en la Cámara (portavocías o puestos de mesa), pero también tienen derecho a una indemnización mensual para "afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara", una dieta que no tributa a Hacienda y que sí es compatible incluso con el sueldo de ministro, en el caso los miembros del Gobierno que tienen escaño.
Se trata de 917,03 euros para los diputados electos por Madrid y de 1.921,20 euros para los del resto de circunscripciones. Ésa es precisamente la cantidad que Elorza pidió en abril que no se le abonara pues, como consecuencia del confinamiento, no iba a incurrir en gastos de desplazamiento a Madrid, que es para lo que está pensada la indemnización. Lo había intentado en marzo, tras decretarse el estado de alarma el día 14, pero no llegó a tiempo.
Pero fue el único que optó por esa vía de los 350 diputados que conforman el arco parlamentario, pese a que en esas semanas de marzo y abril, con la aplicación de las restricciones más drásticas, la asistencia a los Plenos se limitó a un 10% de diputados por cada grupo parlamentario hasta un máximo de medio centenar de diputados en el hemiciclo.
Según los datos aportados por la Cámara Baja, tampoco constan oficialmente casos de diputados que renunciaran a parte o la totalidad de la asignación constitucional cercana a los 3.000 euros, ni de grupos parlamentarios que rechazaran parte o la totalidad de la subvención mensual de los meses de marzo, abril y mayo.
Los grupos parlamentarios y diputados individualmente anunciaron durante la cuarentena que iban a donar parte de sus sueldos a distintas causas que ellos decidirían, pero en la Cámara Baja sólo consta el caso de quien comunicó formalmente su renuncia.
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