El Tribunal Supremo ha acordado abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.
La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, se mostró en contra de que el alto tribunal investigase a su jefe, el fiscal general del Estado, al entender que los hechos no eran "constitutivos de delito", por lo que pidió "archivar las actuaciones".
El Supremo ha diferido del criterio de la Fiscalía al estudiar la exposición razonada que el pasado julio elevó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras recibir la querella que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, presentó contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos.
García Ortiz reconoció la difusión de la nota sobre el novio de Ayuso
En concreto, González Amador llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
El TSJM consideró que la difusión de la nota no se correspondía con la "alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal" -desmentir un bulo-, porque, a su juicio, "aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros".
La Fiscalía, en cambio, defendió que "dar a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos era especialmente necesario para el Ministerio Fiscal, puesto que al alterar varios medios de comunicación su orden temporal se pretendía confundir a la opinión pública al variar radicalmente el papel de la Fiscalía tanto en las diligencias de investigación como en su relación con la representación del investigado González Amador".
El Ministerio Público insistió que "ningún extremo de los contenidos en la nota informativa" era "desconocido" cuando se hizo pública. "Ello permite afirmar que nos encontramos ante una conducta inocua, carente de antijuricidad material, dada su nula lesividad", alegó.
No dimitirá
A la noticia de la imputación del fiscal general del Estado le ha seguido un comunicado del propio García Ortiz en el que ha anunciado que no va a dimitir por considerar que es "lo menos gravoso y más prudente para la institución".
Admite que es "consciente de la repercusión pública de la noticia" y que no desconoce que esto afectará a los fiscales de nuestro país, ha convocado para mañana a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal "a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos".
El PP pide su dimisión inmediata mientras el gobierno le respalda
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un mensaje en X en el que señala directamente al Gobierno como responsable de la situación y exige tanto la dimisión de Pedro Sánchez como la de García Ortiz.
"No pueden parar de mentir y tampoco pueden parar de ensuciar cada Institución. Nunca antes el Fiscal General del Estado había estado imputado. Son 'el 1' en decadencia. Que se marchen ya Sánchez y su Fiscal General del Estado", ha publicado Feijóo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado su total respeto por las resoluciones judiciales, pero también su respaldo a la labor del fiscal general: "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad", ha dicho.
Las asociaciones de fiscales reclaman su dimisión
La primera asociación en reaccionar ha sido la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) que ha exigido la dimisión del fiscal general. Consideran que tras la decisión del alto tribunal, García Ortiz "ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio" que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). "En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito", explican.
Por otro lado, la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera, aún está trabajando en un comunicado que prevé emitir a lo largo del día, pero su presidenta Cristina Dexeus ha asegurado a Onda Cero que la imputación de García Ortiz pone a la institución "en una situación tan comprometida y delicada que lo que debe hacer es reflexionar y asumir la responsabilidad que le corresponde como jefe de los fiscales y decidir dejar el cargo por no arrastrar a la institución que representa".
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