Esta mañana, el presidente del Parlamento de Cataluña ha recibido ya la carta certificada en la que se le notifica la resolución del juez que instruye la causa abierta por el "procés" sobre la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva, así como del expresident Carles Puigdemont, huido en Alemania, todo ellos procesados por rebelión.
Una suspensión en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", el procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en su ejercicio mientras dure la situación de prisión.
Esta medida afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión(Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), al igual que a Puigdemont, pero no al exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín, que tiene pendiente recurrir en reforma y en apelación el auto de procesamiento. Sin embargo, la Mesa del Parlament acordó ayer encargar un informe jurídico a los letrados de la cámara catalana sobre la resolución del Tribunal Supremo.
La finalidad de dicho informe encargado es la de conocer cómo se debe aplicar la resolución y cómo actuar para que las mayorías parlamentarias no se vean alteradas, especialmente después de que Llarena dejara al Parlament la posibilidad de que los procesados suspendidos pueden ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.