La Guardia Civil ha registrado el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en busca de documentos, móviles y correos electrónicos por orden del juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta revelación de secretos.
En un auto, el magistrado Ángel Luis Hurtado ha ordenado esta diligencia "al objeto de proceder a la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos" que le atribuye Alberto Gónzalez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado ha precisado que la entrada y registro se iba a practicar a "partir de las 10.00 horas del día 30 de octubre de 2024 y durante las horas que resultaren precisas". Fuentes jurídicas han confirmado que ya se ha efectuado el registro.
En el marco de la resolución, el instructor ha autorizado "la intervención de documentación en soporte papel o informático que tengan relación directa con los hechos investigados". Ha autorizado también la "interveción y/o copia, en su integridad o parcialmente", de "cualquier tipo de material" que haya podido "ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de la investigación".
Además, el juez ha acordado permitir a los agentes la aprehensión del teléfono o teléfonos móviles del fiscal general así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar.
Asimismo, ha autorizado el volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles de redes sociales u otros repositorios de información en internet.
Requiere a García Ortiz que designe abogado en su causa
El Supremo ha requerido a Álvaro García Ortiz, que designe abogado en la causa abierta contra él por supuesto delito de revelación de secretos en la difusión de información sobre la investigación por presunto fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Después de que el Alto Tribunal abriese un procedimiento penal contra él hace un par de semanas, el magistrado instructor, Ángel Hurtado, da el siguiente paso e incoa diligencias previas para poner en marcha la investigación y "confirmar o descartar los indicios" existentes.
En un auto conocido este miércoles, el magistrado requiere al fiscal general que designe abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación en el procedimiento, para no generarle indefensión. García Ortiz podría solicitar los servicios de la Abogacía del Estado.
Por el momento, Hurtado deja pendiente de decidir si acepta las últimas diligencias solicitadas por el empresario y pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que es acusación particular en la causa, y que ha reclamado en varias ocasiones que se acceda a los correos electrónicos de la cuenta personal y profesional del fiscal general del Estado entre el 5 y el 18 de marzo de 2024.
González Amador solicita los correos electrónicos relacionados con el acuerdo de conformidad que su abogado propuso a la Fiscalía y en el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros a cambio de no ir a juicio.
El magistrado decidirá próximamente si accede o no a esta petición, y hará lo mismo respecto a la reclamación del autodenominado sindicato Manos Limpias, que también figura como acusación, y que solicitó la suspensión cautelar de funciones del fiscal general.
A la espera de saber cuál es la decisión del juez Hurtado, lo que sí hace el magistrado es solicitar a las acusaciones populares que forman parte de la causa -Fundación Foro Libertad y Alternativa; Manos Limpias; Colegio de la Abogacía de Madrid; y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- para que en cinco días se pronuncien sobre su posible agrupamiento y actúen como una sola.
La causa abierta contra el fiscal general del Estado
La causa del Supremo contra García Ortiz nació en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde el empresario González Amador presentó una querella contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que le ha investigado por la difusión de una nota de prensa que aclaraba extremos sobre su investigación por presunto fraude fiscal.
El fiscal general asumió la responsabilidad de esa nota de prensa, que justificó en la obligación del Ministerio Público de informar y en la necesidad de desmentir un bulo, y el TSJM derivó la investigación al Supremo.
El Supremo no ha visto delito en la difusión de ese comunicado, pero sí quiere indagar en la filtración de los correos entre la defensa del empresario y la Fiscalía, en los que el primero ofrecía un pacto al fiscal
