El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha consultado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si es posible recuperar el contenido de las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido en dos números de móvil vinculados al fiscal general del Estado.
En ese mismo auto, el instructor de la causa contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, solicita a dos operadoras telefónicas (Movistar y Vodafone) que faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, y los paquetes de datos emitidos y recibidos. También pide la identificación del receptor y el emisor, de los mismos números de teléfono, todo ello entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo del mismo año, ambos días incluidos.
Hurtado da este paso después de que la UCO le enviara el 3 de enero un informe donde detalló los identificadores de las líneas y los teléfonos localizados a García Ortiz, y en el que concluyó que el fiscal general habría cambiado de terminal el 23 de octubre, justo una semana después de que el Supremo le encausara.
Anteriormente, la UCO informó al instructor de que halló "0 mensajes" en los dispositivos incautados a García Ortiz, y ello a pesar de que en el informe referido al mismo análisis pero del terminal requisado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sí encontró intercambio de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, los días investigados por ser los clave de la presunta filtración.
Fuentes fiscales entonces reconocieron que García Ortiz borró personalmente los mensajes referidos a ese periodo temporal, si bien aclararon que no lo hizo de forma específica respecto a esos mensajes, sino como parte del borrado cíclico que hace de todos los mensajes almacenados en su teléfono móvil por los protocolos de protección de datos y seguridad de la Fiscalía General del Estado.
No se descartan nuevas medidas
En cualquier caso, Hurtado incide en que su decisión actual "no quita para que, en función de lo que vaya requiriendo la investigación, se pueda acordar otra cosa". En este sentido recuerda que en resoluciones anteriores ya avisó de que, si bien las pesquisas se acotaron a entre el 8 y el 14 de marzo, el material incautado debía quedar guardado para "evitar que se perdiera" ante "una prueba que pudiera ser útil en función de lo que exigiera el avance de la instrucción".
Las pesquisas judiciales comenzaron a raíz de una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, donde se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.
