El Tribunal Supremo declara que el reconocimiento de una sentencia extranjera que valida un contrato de gestación subrogada y atribuye la paternidad a los padres de intención es contrario al orden público, pues "entraña una explotación de la mujer" y trata a los niños como "simples mercancías".
Dice la Sala Primera que "la gestación subrogada atenta contra la integridad moral de la mujer gestante y del niño, que son tratados como cosas susceptibles de comercio", privados de la dignidad propia del ser humano, al tiempo que priva al menor de su derecho a conocer su origen biológico.
Atenta también contra la integridad física de la madre, que puede verse sometida a "agresivos tratamientos hormonales para conseguir que quede embarazada". Y puede atentar también a la integridad física y moral del menor, habida cuenta de "la falta de control de la idoneidad de los padres" de intención, que son quienes contratan a la madre gestante.
En esta línea, el Supremo incide en que un contrato de gestación por sustitución como el que fue validado por la sentencia del tribunal norteamericano entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor.
El tribunal norteamericano validó el contrato de gestación subrogada mediante dos sentencias, dictadas respectivamente antes y después del parto. Ya la primera sentencia, dictada antes del parto, obligaba a la mujer gestante a entregar inmediatamente el niño a los padres de intención, por lo que la madre no podía negarse a esa entrega una vez producido el parto.
Y es notorio que en EE.UU. la gestación subrogada constituye un "enorme negocio" en el que los padres comitentes "desembolsan importantes cantidades de dinero", que en parte va a la madre gestante, por lo que el consentimiento de esta, prestado antes del parto, ha sido obtenido mediante pago o compensación de algún tipo, dice el Supremo.
Además, indica que la protección del interés superior del menor no puede fundarse en la "existencia de un contrato de gestación por sustitución y en la filiación a favor de los padres intencionales que prevé la legislación extranjera, sino que habrá de partir, de ser ciertos tales datos, de la ruptura de todo vínculo de los menores con la mujer que los gestó y alumbró, la existencia de una filiación biológica paterna y de un núcleo familiar en que estén integrados los menores".
La sentencia concluye que esta solución satisface el interés superior del menor, valorado en concreto, pero a la vez intenta salvaguardar los derechos fundamentales de las madres gestantes y de los niños en general, que resultarían gravemente lesionados si se potenciara la práctica de la gestación subrogada comercial porque se facilitara la actuación de las agencias de intermediación en la gestación por sustitución.
Todo ello, continúa, "en caso de que estas pudieran asegurar a sus potenciales clientes el reconocimiento casi automático en España de la filiación resultante del contrato de gestación subrogada, pese a la vulneración de los derechos de las madres gestantes y de los propios niños, tratados como simples mercancías, y sin comprobar la idoneidad de los padres de intención para ser reconocidos como titulares de la patria potestad del menor nacido de este tipo de gestaciones".
