El juez instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, sostiene que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán conocían el sistema "ilegal" y "descontrolado" para la concesión de subvenciones en su comunidad.
Así se desprende de los "datos indiciarios" que constan en la instrucción llevada a cabo por el magistrado del Supremo después de que la jueza sevillana Mercedes Alaya elevara al alto tribunal la parte de la causa que afecta a los aforados por su condición de diputados y senadores.
El instructor del Supremo ha decidido hoy continuar el procedimiento contra Chaves y Griñán y los exconsejeros andaluces José Antonio Viera y Gaspar Zarrías por un delito de prevaricación administrativa y ha dejado fuera de la causa a la senadora y exconsejera Mar Moreno.
En el caso de Chaves, que fue ministro socialista de Trabajo de 1986 a 1990 y presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años (1990 a 2009), Barreiro sostiene que, en contra de lo que ha declarado el imputado, en la causa figuran "datos indiciarios de que conocía el nuevo sistema ilegal de ayudas/subvenciones sociolaborales y a empresas que se había implantado en la Consejería de Empleo a partir del año 2000".
Sobre Griñán, que fue consejero de Economía y Hacienda de 2004 a 2009 y presidente de la Junta de 2009 a 2013, el juez también afirma que "en contra de lo que manifestó al instructor, conocía que las transferencias de financiación se estaban utilizando como sistema descontrolado e ilegal para la concesión de subvenciones".
En los "datos indiciarios" que obran en la causa, según el magistrado, "su conducta no puede ser enjuiciada separadamente de la de los otros consejeros aforados que se hallan implicados en los hechos".
"Todos ellos ocupan el mismo escalón de la estructura piramidal de la Junta de Andalucía y era su consejería la que controlaba todo el tema presupuestario, autorizando presuntamente el imputado la operatividad del nuevo sistema", añade.
Para ello, se utilizaban "fraudulentamente las transferencias de financiación" para conceder ayudas y subvenciones "y se alteraba maliciosamente el presupuesto" de las agencias andaluzas IFA e IDEA.
Al margen del supuesto de prevaricación administrativa, el instructor no ha hallado "datos indiciarios incriminatorios" contra Griñán por un supuesto delito de malversación, pues "no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de caudales públicos para las ayudas subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas".
"Si sabía -añade el auto- que el sistema de concesión de las subvenciones era claramente ilegal en su tramitación", pero para el instructor "no obran indicios de que conociera que con la materialización del sistema se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas".
En la exposición razonada para pedir el suplicatorio de Chaves, Zarrías y Viera, que renunciaron hoy a su escaño tras conocer el auto, el magistrado cuantifica en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas.
En relación al perjuicio económico ocasionado a la Administración andaluza, el magistrado considera que no se podrá valorar con exactitud a hasta pasados unos años. El grueso mas importante de este dinero se dedicó a los 77 eres, en donde se efectuaron pagos excesivos.
