En concreto ha analizado el incidente de ejecución presentado el viernes por la Abogacía del Estado. El Gobierno pide al Tribunal Constitucional (TC) que declare nula y sin efecto jurídico alguno la resolución aprobada por el Parlamento catalán el pasado miércoles gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP y que supone la apertura de una vía unilateral hacia la independencia.
Pero el Ejecutivo no sólo pide la nulidad de la resolución, sino también que el TC estudie la aplicación de medidas coercitivas, pues el tribunal ya anuló en una sentencia del 2 de diciembre de 2015 la declaración aprobada el 9 de noviembre que supuso el comienzo del denominado proceso de "desconexión" de Cataluña con el resto de España.
