Trece de los 35 miembros de la Junta de Fiscales de Sala piden formalmente la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por no responder al magistrado del Tribunal Supremo que le investiga por la presunta revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
"Desde la última Junta de Fiscales de Sala en la que vuestra excelentísima comunicó su decisión de continuar con el desempeño del cargo de fiscal general del Estado se han producido hitos en la causa que se sigue contra vuestra excelentísima en el Tribunal Supremo que hacen imprescindible -por el bien de la Institución que dirige y de los miembros que la integran- su renuncia a dicho cargo", recoge el escrito enviado a García Ortiz.
Entre los firmantes del texto están las que fueran fiscales generales Consuelo Madrigal y María José Segarra -de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que formaba parte el fiscal general-, el ex jefe de Anticorrupción Manuel Moix, los fiscales del 'procés' Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno y la jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán.
Además, la firman los fiscales de sala Francisco Moreno, Javier Huete -que le recibió en el Supremo el día que declaró como investigado-, Pilar Martín, José Miguel de la Rosa, Elvira Tejada y Antonio Narváez.
Alegan los fiscales que la renuncia de García Ortiz "no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad" y que dejaría "intacta" su presunción de inocencia.
Salvaguardar la buena imagen de la Fiscalía
Los firmantes insisten en que García Ortiz debe dimitir porque "la imagen" de la Fiscalía está siendo sometida a "una tensión insoportable". "Su permanencia al frente, al tiempo que viene siendo investigado (...), provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales", manifiestan.
En este sentido, sostienen que la comparecencia del fiscal general como investigado en el Supremo, "negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho".
"Puede hacerlo como investigado Álvaro García Ortiz, nunca el fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de 'velar por la independencia de los tribunales", apuntan.
El pasado miércoles, García Ortiz se acogió a su derecho de contestar solo a su abogado y no al magistrado Ángel Hurtado al considerar que ha vulnerado su derecho de defensa con el registro que ordenó en su despacho y con su decisión de denegarle varias diligencias que había pedido para defenderse, como suspender su declaración para que González Amador compareciese antes.
"No cabe otra decisión que la renuncia"
Los firmantes entienden que "el avance de la instrucción de la causa" y sus "hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal". "El panorama se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental", añaden.
Asimismo, defienden que "los escenarios procesales" por los que García Ortiz está "obligando a transitar" a la Fiscalía son "claramente reveladores de la necesidad de su dimisión".
"En esta tesitura, en un Estado de Derecho, no cabe otra decisión que la renuncia de (García Ortiz) al cargo que ostenta para preservar a la Institución", señalan los firmantes.
Tras darse a conocer esta carta, fuentes cercanas al fiscal general manifiestan su "absoluto respeto" al proceso e insisten en que "factores externos" no deben interferir en él.
