"No tengo nada que decir", es lo único que ha manifestado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a su llegada esta tarde a la convención política del PP de A Coruña cuando los periodistas le han preguntado por la polémica generada por sus críticas hacia el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
Nada ha querido decir la ministra de Transición Ecológica, que ni siquiera se ha detenido para atender a los numerosos periodistas que aguardaban su llegada al Palexco, el recinto coruñés donde el PSOE celebra desde ayer su convención, en la cual Ribera participa en un panel a puerta cerrada sobre transición ecológica.
Los reporteros y camarógrafos han perseguido a Ribera a la carrera, intentado en vano recabar su testimonio.
Momentos antes, la exvicepresidenta del Gobierno y diputada socialista Carmen Calvo había dicho a los mismos informadores que si bien "en algún momento se pueden hacer unas declaraciones más o menos acertadas", el PSOE "no tiene ninguna mácula de saber cuál es su lugar cuando ocupa las instituciones y cuál es el respeto que tiene también por las competencias de todas las demás".
"Creo que no pasa más allá de unas declaraciones que no forman parte de lo que nosotros sentimos", ha agregado Calvo, "respetando" las resoluciones del poder judicial "nos gusten o no nos gusten".
No ha querido abundar en la polémica el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por unas manifestaciones a las que fuentes del Gobierno tratan de quitar importancia, mientras el PP pide la dimisión de la vicepresidenta por haber acusado de "prevaricación" al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tsunami.
Marlaska, que también participa en la convención, ha dicho que no opina sobre sus compañeros jueces y se ha limitado a defender la labor de todos ellos.
"Los 5.500 jueces y juezas, sin nombre ni apellido, lo que hacen es garantizar el Estado de derecho, como garantizamos el Estado de derecho también el resto de poderes del Estado: el Ejecutivo y el poder legislativo", ha añadido.
Asimismo, ha destacado que todos los poderes del Estado trabajan a favor de los "valores constitucionales", cada uno dentro del ámbito de su competencia.
