El presidente considera "infame" el documento distribuido por España Global y por ello, ha ordenado a los servicios jurídicos de la Generalitat estudiar la posibilidad de actuar jurídicamente contra el organismo que depende del Ministerio de Exteriores, al considerar que está vulnerando la presunción de inocencia por asumir las tesis de la Fiscalía interfiriendo así en el proceso judicial que se desarrolla en el Tribunal Supremo.
Ha ordenado analizar si ello podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. Entre otras cosas, el informe que intenta desmontar las tesis del movimiento independentista afirma que este "no es pacífico" y que algunos sectores se han radicalizado y se han implicado en actos violentos poniendo como ejemplo la concentración ante la Consellería de Economía del 20 de septiembre de 2017.
Además cuestiona que el 1 de octubre hubiese un millar de heridos como consecuencia de la actuación policial y niega que en España haya presos políticos sino que los procesados lo son por haber cometido delitos tipificados en el Código Penal.