En un comunicado, Torrent ha anunciado el aplazamiento sine die del pleno y ha convocado una Mesa extraordinaria para mañana para dar respuesta a la que cree es una "vulneración de derechos del Tribunal Supremo", después de que el juez Pablo Llarena haya denegado a Sànchez un permiso para acudir al pleno de su investidura.
Llarena se ha opuesto a excarcelar al número dos de JxCat, en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid), porque considera que existe riesgo de reiteración delictiva y que, como presidente de la Generalitat, podría quebrantar la Constitución española.
Esta circunstancia ha llevado a Torrent a cancelar por segunda vez un pleno de investidura de Jordi Sànchez, pues el exlíder de la ANC repetía de candidato a la presidencia de la Generalitat después de que Llarena ya le hubiera denegado su salida de prisión en la primera ocasión.
El nuevo argumento que aportaron tanto la defensa de Sànchez como como Torrent ante Llarena fue la admisión a trámite de la demanda del exlíder de la ANC por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU -que aún no se ha posicionado sobre el fondo del asunto-, lo que no ha servido para variar la posición del juez instructor.
En concreto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo formado por 18 miembros aún no se pronunciado sobre el fundo de la cuestión, aunque dos de estos miembros pidieron a España que se adoptaran "las medidas necesarias" para garantizar "que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).
Así, Torrent ha denunciado una "vulneración de derechos" por parte del Supremo, por lo que ha convocado una Mesa extraordinaria para este viernes por la mañana para dar una respuesta.
El pasado 7 de abril, el presidente del Parlament, a propuesta de JxCat,volvió a designar a Sánchez como candidato por segunda vez, después de los fracasados intentos de investir a Carles Puigdemont, Jordi Turull y el propio Sànchez.
Torrent convocó el pasado lunes el pleno para este viernes y envió un escrito al magistrado Llarena para que llevara a cabo las medidas necesarias que garantizaran el derecho que considera que tiene Sànchez de participar en su investidura, pero el juez del Supremo ha rechazado excarcelarlo ni darle un permiso