Tras tomarle declaración y rechazar decretar su ingreso en prisión como pidió la Fiscalía, Lamela le impuso medidas de carácter más leve: la obligación de entregar su pasaporte, así como comparecencias quincenales y que facilitara un domicilio y un teléfono de contacto para estar localizable.
Fuentes jurídicas han informado a Efe que el mayor de los Mossos también ha facilitado a la Audiencia Nacional la dirección de su domicilio particular aunque en un primer momento intentó dar la de su lugar de trabajo, el complejo central Egara, situado en Sabadell (Barcelona), algo que no aceptó el juzgado que dirige Lamela.
Otro de los investigados en esta causa, la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, a quien Lamela le impuso las mismas medidas que a Trapero pese a que la Fiscalía pidió prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros, también ha entregado su pasaporte al juzgado.
Las citadas fuentes han precisado que tanto Trapero como ella han solicitado que la información acerca de la dirección de sus domicilios particulares vaya en un sobre cerrado por cuestiones de seguridad.
El mismo día en que dejaba en libertad al mando de los Mossos, la juez accedía a la petición fiscal y enviaba a prisión sin fianza al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Pese a no haber seguido su criterio, la Fiscalía ya anunció ayer que no recurrirá la libertad de Trapero al considerar que no es una decisión definitiva porque aún se le sigue investigando y el Ministerio Público tiene además previsto ampliar la denuncia que presentó por el asedio a la Guardia Civil en el registro a la Consellería de Economía el 20 de septiembre a todo lo relativo al 1-O.
Al dejarle en libertad, la juez señalaba al respecto que lo hacía "sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias".
De hecho, la Guardia Civil prosigue sus pesquisas sobre la actuación de los Mossos.
Bajo la dirección de un juzgado de Lérida, ayer el instituto armado ayer entró en la comisaría de los mossos en dicha ciudad y hoy lo ha hecho en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat para localizar comunicaciones entre los agentes de la policía catalana y sus mandos para poder evaluar su actuación esos días.
Lo que sí ha pedido la Fiscalía a Lamela es que se notifique de manera oficial al Departamento de Interior de la Generalitat, "a los efectos legales que sean oportunos", el auto en el que adopta estas medidas cautelares contra Trapero.
Además, la juez, a instancias de la Fiscalía, ya ha ordenado a los Mossos que identifiquen a los agentes que intervinieron en el dispositivo para impedir la celebración del referéndum del 1-O y que aporten el número profesional (TIP) de los policías desplegados ese día y qué actuación llevaron a cabo para evitar la votación.
