Trapero reconoce reuniones con Puigdemont que había ocultado, según el fiscal

Según una nota de prensa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Pedro Rubira ha argumentado la petición de esa fianza para Trapero en "la agravación" de su situación procesal tras serle imputado por la juez Carmen Lamela un segundo delito de sedición en relación al 1-O.

Además, añade la nota, otro de los motivos es que en esta tercera declaración ante Lamela, "se han conocido detalles importantes que anteriormente ocultó", fundamentalmente esas reuniones con miembros del Govern cesado y otros "mandos policiales" "sobre el referéndum".

La Fiscalía insiste en que el mayor de los Mossos, que fue relevado de su cargo tras la aplicación del artículo 155 por su compañero Ferrán López -citado hoy también como testigo-, "no llevó a cabo ningún intento de impedir su celebración".

Pese a estos argumentos, la magistrada ha rechazado imponerle la fianza reclamada por el fiscal y le ha mantenido las mismas medidas cautelares que decretó para él la segunda vez que compareció ante ella el pasado 16 de octubre: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.

Al dejarle en libertad con las citadas medidas, Lamela precisó que la investigación se circunscribía al asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre, a la espera de ampliarla al 1-O, y que su actuación en ese episodio no estaba aún "suficientemente perfilada" para vincularle directamente "a hechos tan graves como los que esos días sucedieron".

Ahora, tras practicar diligencias, entre ellas la toma de declaración al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, la juez concluía, al citarle de nuevo, que la actuación de los Mossos ese día y el 1-O "fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia" y por eso "la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones" de las otras Policías.

Con esa finalidad, se diseñó un "plan premeditado", "que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico", que encabezaba Puigdemont.

Dos días después de que Lamela notificara este auto, la Fiscalía pedía ampliar la investigación a la cúpula de los Mossos para imputar también al entonces superior de Trapero, el exdirector de la Policía autonómica Pere Soler; y al ex secretario general de Interior César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los "Jordis".

Realmente -añadía el fiscal- actuaron de "correa de transmisión de las instrucciones" de los responsables políticos "ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales y del cumplimiento de la Ley".

La juez cree que Trapero se encargó del diseño de "un sistema de comunicación entre los agentes" y "sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación", por lo que ha reclamado a los Mossos que identifiquen a las personas y los medios empleados en ese operativo.