La jornada posterior a la contundente petición de dimisión formulada por trece fiscales de Sala contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deja un escenario de tensión sin precedentes en la Fiscalía. El episodio refleja no solo una fractura interna dentro de la institución, sino también un deterioro progresivo de la imagen pública del Ministerio Fiscal, acorralado por la polémica judicial que involucra a su máximo responsable.
Un golpe inédito desde las alturas de la Fiscalía
Los trece fiscales de Sala que han solicitado su "imprescindible" dimisión representan la categoría más alta de la carrera fiscal. Entre ellos figuran figuras destacadas como Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, y María José Segarra, también exfiscal general y miembro de la progresista Unión Progresista de Fiscales (UPF). Este detalle subraya la magnitud del descontento, que trasciende las tradicionales divisiones ideológicas dentro de la institución.
El detonante ha sido la declaración de García Ortiz ante el Tribunal Supremo, donde compareció como investigado por una presunta revelación de secretos. Su negativa a responder a las preguntas del magistrado instructor, Ángel Hurtado, bajo el argumento de la nulidad de la instrucción, ha sido calificada por los fiscales como "impropia de un Estado Democrático de Derecho". La crítica no es menor: entienden que un fiscal general, como máximo representante del Ministerio Fiscal, no puede permitirse esa postura sin erosionar gravemente la credibilidad de la institución.
La carta firmada por los trece fiscales argumenta que la permanencia de García Ortiz en el cargo provoca "daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía" y genera "una merma de la confianza de la ciudadanía" en el Ministerio Público. La dimisión, según ellos, no implica una asunción de culpa, sino la posibilidad de defenderse con plenas garantías sin comprometer a la institución.
La nota discordante: la fiscal progresista que cuestiona el proceso
Entre los elementos más relevantes de esta crisis destaca la posición de María Ángeles Sánchez Conde, fiscal también de carácter progresista, cuya actitud durante la declaración de García Ortiz ha generado polémica. Sánchez Conde decidió no formular preguntas al investigado, argumentando que hacerlo hubiera validado una investigación que considera viciada desde su origen debido a la presunta nulidad del registro practicado en el despacho del fiscal general.
Esta postura ha sido interpretada por algunos como un intento de salvaguardar la presunción de inocencia y garantizar el respeto a los derechos fundamentales, pero también ha sido criticada por resultar "contraria a la lógica procesal más elemental", según los trece fiscales firmantes del escrito. La fiscal Sánchez Conde queda así en una posición delicada, enfrentando tanto el juicio de sus compañeros como la atención mediática.
Cambio de estrategia y la apuesta por el Constitucional
Ante esta situación de acorralamiento, García Ortiz parece haber decidido cambiar su estrategia de defensa. Ahora fía su futuro judicial y profesional a que el Tribunal Constitucional declare nula la diligencia de entrada y registro en su despacho, ordenada por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado. La Abogacía del Estado sostiene que dicha diligencia vulneró derechos fundamentales y confía en que la corte de garantías lo reconozca.
El tiempo dirá si esta apuesta permite a García Ortiz recuperar el control de una situación que, por el momento, parece desbordada. Lo que resulta claro es que el conflicto ha abierto una herida profunda en la Fiscalía, poniendo en tela de juicio su credibilidad y mostrando la necesidad urgente de medidas que restauren la confianza en la institución. La renuncia, aunque defendida vehementemente por un sector relevante de la carrera fiscal, sigue sin producirse, mientras la tensión crece y el Ministerio Fiscal se tambalea al borde de una crisis institucional sin precedentes.
