El Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar la Ley de Transitoriedad catalana al admitir el recurso del ejecutivo central, una decisión que ha acompañado con un nuevo apercibimiento de la obligación de obedecerle dirigido a los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament.
También ha apercibido el Constitucional a los siete juristas de la Sindicatura Electoral de Cataluña, encargada del seguimiento de la convocatoria independentista del 1 de octubre.
El recurso que presentó el Gobierno central contra la ley de Transitoriedad aprobada por el Parlamento catalán, que pretende convertir a Cataluña en una República, considera que esa norma es "la mayor afrenta y amenaza" a las bases sobre las que se asienta la convivencia en España desde 1978 y el "mayor ataque concebible" a los valores democráticos.
