El Tribunal Supremo ha descartado por unanimidad apoyar la concesión del indulto total a Juana Rivas, condenada por un delito de sustracción de sus dos hijos menores a dos años y seis meses de prisión. La acusada había pedido un indulto al Gobierno de Pedro Sánchez ya que, según recuerda la defensa, Francesco Arcuri, fue condenado en 2009 por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016 y este era el motivo por el que no quería entregarle a los hijos.
No alcanza la mayoría para apoyar un indulto parcial
La sala de lo Penal del Supremo no ha sido capaz de emitir una opinión mayoritaria, mucho menos unánime, respecto a la conveniencia de dejarle a Juana Rivas los dos años y medio de cárcel en solo dos. Todos están de acuerdo, eso sí, en que la pena fue proporcionada en relación a la gravedad de los hechos y por tanto si ha habido unanimidad a la hora de negar un indulto total.
El Supremo eleva al Consejo de Ministros, que es quien tiene la última palabra, las dos opiniones a favor y en contra de ocho magistrados que valoran el miedo al padre expresado por el hijo mayor y consideran que por encima de todo está el interés del menor. Y el de otros ocho que no encuentran diferencias entre la condenada Rivas y otras madres con hijos menores.
Según ha explicado la Sala, su función es la de ilustrar al Gobierno sobre los elementos que recomiendan o desaconsejan hacer uso del derecho de gracia. En este caso, el Supremo ha concluido que el cumplimiento de esa función, con el criterio dividido de los integrantes de la Sala, "en nada se resiente, antes al contrario, se enriquece con la conjunta exposición de las razones sostenidas por unos y otros".
El Supremo rebajó de 5 a 2 años y medio su prisión
El Tribunal Supremo rebajó la condena a Juana Rivas por sustracción de menores de 5 años a 2 años y medio de prisión. El motivo por el que la Sala de lo Penal dictaminó esta rebaja de la pena a la mitad es porque aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos, como sí sostenía la Audiencia de Granada.
Los hechos probados apuntan que en mayo de 2016 Juana Rivas viajó a España con sus dos hijos y no regresó a Carloforte, Italia, lugar en el que llevaba conviviendo durante tres años con su entonces pareja. Meses más tarde, el 2 de agosto le comunicó a su pareja que no iba a volver a Italia y escolarizó a sus hijos en un colegio de Maracena, Granada.
El padre de los niños que tenía la guarda y custodia provisional de los pequeños, denunció los hechos y un juzgado de Primera Instancia de Granada acordó la inmediata restitución de los menores a Italia como Estado de residencia habitual de los dos niños. Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos, el 26 de julio de 2017 Rivas se ocultó con ellos, y su expareja denunció la desaparición. Finalmente, Juana entregó a los dos niños un mes después, el 28 de agosto de 2017, en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.
El exmarido de Juana Rivas demandó a Irene Montero por vincular su caso con la violencia de género
Francesco Arcuri, el exmarido de Juana Rivas, demandó a la ministra de Igualdad por haber vinculado su caso con la violencia de género. Arcuri responsabiliza a Montero de un delito de injurias y le reclama 80.000 euros. Irene Montero, no se ha retractado en un acto de conciliación con el exmarido de Juana Rivas,
