El TSJC cita a declarar como investigado a Germà Gordó por el caso del 3%
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como investigado para el próximo lunes al exconseller de Justicia Germà Gordó, por su presunto papel de intermediación en el pago de comisiones de empresarios a CDC a cambio de adjudicaciones, en el "caso 3%".
En una providencia, el magistrado del TSJC Carlos Ramos, que investiga el caso, ha citado también a declarar el mismo día al tesorero de CDC Andreu Viloca, como testigo aunque asistido por un abogado dada su condición de investigado en la causa del 3% que dirige el juez de El Vendrell (Tarragona) contra los no aforados.
El TSJC abrió una investigación a Gordó, que ha dimitido del PDeCAT aunque conserva su escaño en el Parlament como no adscrito, a raíz de los indicios de que pudo mediar para que empresas constructoras hicieran donaciones a fundaciones afines a CDC a cambio de adjudicaciones.
Los indicios que involucran supuestamente a Gordó en la presunta financiación ilegal de CDC los detalló ante el TSJC el juez de El Vendrell que instruye el caso del 3%, quien mantiene como investigados a empresarios y cargos de CDC, entre ellos los tesoreros Viloca y Daniel Osàcar y el ex teniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives.
El juez de El Vendrell pidió al TSJC que abriera una investigación a Gordó por su condición de aforado, tal y como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción, después de que algunos empresarios detenidos admitieran que en sus comunicaciones se habían referido a él con los nombres clave de "Gerardo" o "Gregorio".
Además, los atestados de la Guardia Civil que investiga el caso apuntan a que Gordó mantuvo entre los años 2011 y 2012 varias reuniones con empresarios adjudicatarios de obra pública que hicieron sospechar de su papel de intermediario en la trama.
El TSJC cree que hay indicios de que el exconseller de Justicia consiguió presuntamente que Constructora Pirenaica (Copisa) donara 100.000 euros en 2012 a las fundaciones Catdem y Fòrum a cambio de una adjudicación del Consorci d'Educació de Barcelona y del contrato de obras de mantenimiento de varios edificios escolares públicos, que ascendían a 4,7 millones de euros.
El exconseller, cree el TSJC, también intervino supuestamente en la adjudicación de dos contratos por 39,6 millones de euros por parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona a una UTE integrada por las empresas Copisa, Comsa, ACSA y Benito Arnó.
Estas adjudicaciones se habrían hecho "después de haber negociado personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones y las fechas de las adjudicaciones y de las entregas" con el consejero delegado de Copisa, Xavier Taulell, según sostiene el TSJC en el auto en que acordó abrir una investigación a Gordó.
Del mismo modo, según el TSJC, Gordó habría conseguido donaciones de 147.000 euros entre el 2014 y el 2015 de la empresa Pasquina a cambio de adjudicaciones por un proyecto de 2,5 millones de euros y otros de 7,6 millones por parte del Departamento de Territorio.
El exconseller también obtuvo supuestamente, según sospecha el instructor, diversos regalos personales de la empresa Oproler a cambio de adjudicaciones aprovechando su relación personal y política con Josep Manuel Bassols, esposo de la magistrada del TSJC Núria Bassols, que fue comisionada de Transparencia de la Generalitat con Artur Mas.
Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre el 2010 y el 2012; conseller de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA).