El Tribunal Supremo ha confirmado su competencia para juzgar el caso del proceso independentista, aunque ha enviado al TSJC la causa contra cinco miembros de la Mesa del Parlament, de JxSí y CSQP, y contra la exdirigente de la CUP Mireia Boya, a los que el ministerio público atribuye únicamente un delito de desobediencia.
Los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Isabel Simó, la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet, de JxSí, y Joan Josep Nuet, secretario tercero de CSQP, están acusados de permitir que la cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum, pese a que el Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos.
Tras la declaración de independencia del 27S, los miembros de la Mesa de JxCat y CSQP declararon como investigados ante el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, por permitir la tramitación de la ley de referéndum que preveía el 1-O y de la ley de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el Constitucional.
La exdiputada de la CUP Mireia Boya, por su parte, fue imputadapor el Supremo en el caso del "procés" por ser quien presentó, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad, que creaba un marco legal alternativo al español para el caso de que el "sí" a la independencia ganara en el 1-O.
En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para esos seis imputados una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación.
Por su parte, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet y de 24.000 y año y cuatro meses de inhabilitación para Nuet y Boya, todos ellos acusados de desobediencia grave.
Asimismo, la acusación popular de Vox pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación para esos seis acusados, a los que considera autores de un delito de organización criminal y de otro continuado de desobediencia.