En un auto, el magistrado del TSJC Carlos Ramos descarta también intervenir el teléfono móvil personal del investigado, lo que la Fiscalía solicitaba para llevar a cabo un volcado de su contenido, por considerar que tampoco hay indicios de que esa terminal "pueda tener datos de interés para la investigación".
Los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda solicitaron esas medidas cautelares ayer, después de la declaración de Gordó como investigado ante el juez del TSJC que indaga su presunto papel de intermediación en el pago de comisiones de empresarios a CDC.
El magistrado, no obstante, considera en su auto que no tiene "asiento indiciario alguno" el argumento de los fiscales de que Gordó podría tener fondos en el extranjero, el único que esgrimieron ayer para solicitar la medida cautelar de prohibición de salida de territorio español.
Tras la comparecencia de ayer, el ministerio público solicitó también al juez que interviniera a Gordó los dos teléfonos móviles que dijo tener, el profesional del Parlament y el personal que utiliza para su profesión de abogado, con el fin de conocer los datos que pudiera tener anotados en su agenda de correo electrónico asociada a la cámara catalana, entre los años 2010 y 2016.
La defensa y el propio investigado aceptaron entregar su teléfono móvil del Parlament, pero el magistrado descarta ordenar el volcado del mismo, al concluir que ello resultaría "inútil", puesto que un especialista informático de la policía judicial ya comprobó ayer que no contiene más datos que los asociados a la cuenta de "Outlook" que la Guardia Civil intervino, el pasado 20 de julio, en la cámara catalana.
Respecto al móvil que Gordó utiliza para el ejercicio de su profesión de abogado, el juez concluye que no hay indicio alguno de que pueda tener "datos de interés para la investigación", por lo que descarta su volcado.
De hecho, la defensa del exconseller de Justicia adujo ayer que dicho teléfono móvil ha sido adquirido recientemente, por lo que no contiene datos relacionados con los años que está investigando la Fiscalía, entre 2011 y 2015.